Laura Borràs, a su llegada al Supremo, acompañada de su abogado Gonzalo Boye. Foto: EP
Borràs se niega a declarar ante el magistrado del Supremo que la investiga por supuestos contratos irregulares
Está investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad documental
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22/7/2020 12:13
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Actualizado: 14/7/2022 15:38
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La diputada y portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que la investiga por supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en la que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017.
Se investiga a Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo, Isaías Herrero Florensa, de 18 contratos por valor de 259.863 euros.
Borràs ha llegado al Supremo acompañada de su abogado Gonzalo Boye -también letrado del presidente catalán, Quin Torra, y de su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, huido de la Justicia- poco antes de las 11.00, la hora a la que estaba citada.
Tras leerle De Porres sus derechos, la diputada ha dicho que no tenía intención de declarar, pues, según ha explicado, está pendiente de practicar una diligencia pericial solicitada por su defensa.
Cuando eso ocurra, será ella la que solicite comparecer ante el magistrado, según ha señalado a su salida del Supremo.
Borràs afirma que esa prueba pericial demostraría su inocencia.
«Implicaría poder demostrar que esos trabajos se realizaron, quién es su autor, cuál es precio objetivo, que carácter de periodicidad existe entre ambos, entre todos los trabajos o incluso la unidad funcional de los mismos», ha explicado en declaraciones a los periodistas.
El Supremo abrió el procedimiento penal a Borrás el pasado 17 de diciembre.
El tribunal de la Sala de lo Penal integrado por los magistrados Manuel Marchena Gómez (presidente), Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Vicente Magro Servet y Susana Polo García y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca declaró la competencia de esta Sala para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de Laura Borrás, que por ser diputada es aforada.
El tribunal destacó que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, y atribuidos a Borràs, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.
Declaró que también es competente para investigar a Isaías Herrero Florensa, quien, además, el pasado diciembre fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Tercera) a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda.
El tribunal ha señalado que la exposición razonada elevada por la magistrada Silvia López se expone que entre 2013 y 2017, en que la aforada fue directora de la ILC, se procedió desde la misma, de acuerdo con Isaías Herrero Florensa, que mantenía una relación personal de amistad con ella, al “fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros”.
“Para, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente por tratarse de trabajos que suponían la programación informática del portal de Internet de la ILC durante un periodo superior a los cuatro años, y así poder acudir a la adjudicación directa para, con la intención de favorecerlo personalmente, encomendarlos a Isaías Herrero Florensa, directamente o a nombre de otras entidades tras las que se ocultaba”, prosigue.
Indica que “el total adjudicado a Isaías Herrero o a las entidades tras las que se ocultaba, durante ese periodo ascendió
a 259.863,00 euros”.
Expone que según la exposición remitida al Supremo, Borrás fue firectora de ILC desde el 15 de enero de 2013 al 19 de enero de 2018, y que según la normativa vigente en el momento de los hechos, era el órgano de contratación, y que “en su condición, propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el pago”.
Señala que de la exposición razonada también se desprende “que, aunque no era exigido legalmente, la práctica de la
Generalitat de Cataluña consistía en exigir antes de la adjudicación, la existencia de tres presupuestos, con la finalidad de elegir la opción más ventajosa, por lo que» Borràs y Herrero, «de común acuerdo, aportaban diversos presupuestos confeccionados por ellos mismos, pero a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación”.
Relata que en tercer lugar “se expone que el importe correspondiente a los contratos adjudicados a Isaías Herrero no se correspondía con el precio real del servicio prestado, entre otras razones porque las facturas incluían en el importe final la cuantía de gastos variados a los que Isaías debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad”.
LOS ‘TRAPIS’ ENTRE BORRÁS Y HERRERO
El informe que el fiscal Javier Zaragoza remitió a la Sala de lo Penal informado favorablemente para que el Supremo abriera causa contra Borràs incluye, al igual que la exposición razonada, una serie de correos electrónicos entre Borràs y Herrero.
El fiscal señala que en uno del 22 de marzo de 2013, Borràs, tras informar a Herrero sobre la reducción del presupuesto anual con el que contaban de 64.000 euros a 50.000 euros, le comenta que ha hecho una redistribución de las tareas, y adjuntando 5 ficheros de word «le dice que lo revise (he modificado conceptos) y si no he dicho ningún disparate pasaremos los 50.000€ de diseño, análisis y gestión, programación e integración y fomento de la lectura y dejamos el de publicaciones para el año que viene».
En otro del 28 de febrero de 2013, Borràs pide al informático que le pase los presupuestos del ‘Portal de las Letras Catalanas’ para mirarlos «conjuntamente» y hacer «los retoques que sean necesarios».
En ’emails’ del 18 y 19 de julio de 2015 Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que «hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto».
También recoge otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, en los que Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que «el del portal» lo ha elaborado «contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros».
Borràs indica que «el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA».
En otra de las conversaciones, Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que «con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí», en alusión al ILC y que tiene que hacer «dos presupuestos buenos y cuatro no buenos…».
Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.
Que su relación excedía de lo meramente profesional, según la Fiscalía, queda constatado por el hecho de que Borràs cooperó en la defensa» de Isaías Herrero, «facilitando documentación que acreditase su arraigo económico y laboral cuando fue detenido en noviembre de 2017, como lo acreditan los correos electrónicos» de ese mismo día o «enviándole el original del oficio policial de 9 de febrero de 2018 con registro de entrada en la ILC a las 14:09 horas de ese mismo día a fin de recabar la facturación realizada por aquél, y al que tuvo acceso a pesar de estar ya cesada como directora de la Institución».
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