La Fiscalía investiga dos partidas con un coste de 168.666,63 euros. Foto: EP.
Anticorrupción investiga a la CUP por hacer campaña por el referéndum del 1-O
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24/8/2020 17:19
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Actualizado: 08/10/2020 11:18
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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a la CUP por dos partidas presupuestarias destinadas a la campaña del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, ha informado el partido en un comunicado este lunes.
Según ha avanzado el diario Ara, la Fiscalía «ha puesto la mirada en el presupuesto y el gasto de aquella campaña» y, en concreto, en las dos partidas con un coste de 168.666,63 euros, ha confirmado la CUP a través de sus redes sociales.
La formación ha precisado que dichas partidas hacen referencia a la publicación y presentación del libro ‘Referèndum 2017: la clau que obre el pany’ y el vídeo ‘Ara comença el Mambo’.
Las citaciones, explica el diario Ara, se iniciaron en febrero, pero se detuvieron por la pandemia de Covid-19 y estas últimas semanas se han vuelto a activar. Precisamente este lunes el fiscal ha citado a declarar como investigado a un miembro del Secretariado Nacional durante ese periodo.
La investigación está en fase de diligencias por parte de la Fiscalía y, cuando finalice, decidirá si archiva el caso o lo presenta ante un juez que, si viera indicios de criminalidad, iniciaría un proceso judicial contra la CUP.
En consecuencia, «existe la posibilidad que haya una imputación contra personas concretas que formaron parte del Secretariado Nacional o del grupo parlamentario entre 2016 y 2017″, ha afirmado el partido.
Según recoge el diario catalán, la investigación surge a partir de una propuesta de resolución que Ciudadanos presentó hace un año.
En ella, el partido señalaba que la legislación establece que las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios a través del presupuesto del Parlamento para desarrollar sus funciones no se pueden destinar en ningún caso a «sufragar actividades ilícitas», como lo era, «el referéndum ilegal del 1-O».
La formación independentista podría enfrentarse a un delito de malversación por haber destinado fondos públicos a sufragar gastos relacionados con el referéndum a través de los ingresos que recibían como grupo parlamentario.
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