Bautista tiene otra causa abierta por un supuesto delito de administración desleal por el que el Ministerio Público reclama 4 años de cárcel y que indemnice con 29,8 millones a la SGAE. Foto: EP
Comienza el juicio a Teddy Bautista y otros 10 acusados por desvío de fondos de la SGAE
La Fiscalía pide 7 años de cárcel para él por apropiación indebida, y 12 años y medio para Rodríguez Neri
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14/9/2020 08:50
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Actualizado: 14/9/2020 08:50
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La Audiencia Nacional (AN) juzgará a partir de hoy al expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y a otras 10 personas por presunto desvío masivo de fondos.
El juicio por el llamado ‘caso Saga’ se celebrará en la sede de San Fernando de Henares.
La Fiscalía acusa a Teddy Bautista de un delito de apropiación indebida y pide 7 años de cárcel y una multa de 135.000 euros.
Otro de los acusados es José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) -filial digital de la SGAE-, para quien el Ministerio Público reclama 12 años y medio de prisión, y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita.
Los mismos delitos imputa a Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri, y solicita para él la misma pena.
También acusa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita a la mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y a la hermana de ésta, Pilar, y pide para cada una 10 años y siete meses de prisión, así como 258.000 euros de multa.
Otra de las procesadas es la hermana de José Luis Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien la Fiscalía solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.
A la hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, la acusa de asociación ilícita y pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según la Fiscalía, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar «la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis«, empresa del padre.
Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público reclama seis años y un mes de cárcel y 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.
Según expuso el magistrado José de la Mata, instructor del caso, en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, tras siete años de investigación, los imputados llevaron a cabo «una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE» a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a ‘Microgénesis’ de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando «perjuicios y pérdidas constatados» para la sociedad de autores.
PERJUICIO DE 47,6 MILLONES
La Fiscalía estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que 9 de los 11 acusados tendrían que indemnizar a la asociación.
El Ministerio Público también dirige la causa contra 14 empresas como responsables civiles: Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.
TÁNDEM BAUTISTA-NERI
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, Teddy Bautista, quien ostentó la presidencia de la asociación 16 años, dispensó «en todo momento un trato preferencial» a Neri, y que este último mantuvo una posición de «privilegio» debido a su cercanía con Bautista.
Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.
Indica que el afianzamiento de Microgénesis como «sociedad de trato preferencial» de la SGAE se fortaleció «de modo imparable» en el tiempo, y que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.
De acuerdo al Ministerio Público, Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una «malla societaria» con la que aparentaron contrataciones que les reportaron un «inequívoco lucro ilícito» para ellos y sus familiares, también implicados en la trama.
Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino, añade.
SDAE, UNA ESTRUCTURA ‘SUPERFLUA Y NOCIVA’ PARA LA SGAE
La Fiscalía resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la SDAE, pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del Juzgado de Primera Instancia, y la convirtieron con el paso de los años «en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE».
Además, manifiesta que los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una «permisividad excepcional» incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.
Anticorrupción señala que el monto total de perjuicio causado entre 2003 y 2007 de la SDAE a la SGAE fue de 2.099.095,13 de euros debido, en gran parte, al impulso que los acusados pretendían dar a TESEO, un proyecto para potenciar la promoción de contenidos en la red y sistema «ilícito desde su origen», según la Fiscalía.
OTRA CAUSA POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL
Teddy Bautista dejó de ser presidente del Consejo de Dirección tras ser detenido por la Guardia Civil el 1 de julio de 2011 en la sede de la SGAE en el marco de la ‘operación Saga’.
Tiene otra causa abierta por un supuesto delito de administración desleal, por sus maniobras en la gestión del llamado ‘proyecto Arteria’, dirigida esencialmente a inversiones en “espacios escénicos”.
El Ministerio Público reclama cuatro años de prisión y que indemnice con 29.822.768,83 euros a la SGAE.
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