Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán, se han posicionado, de forma pública y a título personal, a favor del Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial elaborado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), aunque sin formular un apoyo explícito y claro. Para evitar la colisión directa con el poder político.
Utilizando una estructura muy similar a la del Manifiesto, con una introducción y cuatro puntos, los cinco vocales vienen a expresar, con otras palabras y otra redacción, los cinco vocales del sector conservador reproducen el mismo espíritu que el texto elaborado por las cinco asociaciones.
De esa forma, reivindican la necesidad de que los 12 vocales jueces –de los 20 que conforman el órgano de gobierno de los jueces– sean elegidos por sus pares, «opción por la que se ha decantado también el 90 % de la carrera judicial, según una encuesta llevada a cabo recientemente por el Consejo General del Poder Judicial). Cumpliendo con los estándares europeos. Lo mismo que el Manifiesto.
También afirman que la reforma que se haga debe evitar «las injerencias indebidas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en un órgano constitucional llamado a defender la independencia del Poder Judicial». Lo mismo que el Manifiesto.
Que la existencia de un «Poder Judicial independiente es una pieza clave de todo Estado de Derecho, que garantiza la efectiva separación de poderes». Lo mismo que el Manifiesto.
Y que el cumplimiento de dichos estándares europeos contribuirá «a despolitizar la imagen de la Justicia y, en definitiva, a fortalecer la confianza necesaria para garantizar el buen funcionamiento del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea». Lo mismo que en el manifiesto.
Estos cinco vocales fueron, junto con sus compañeros José Antonio Ballestero y María Ángeles Carmona, los que solicitaron al presidente en funciones del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, el pasado 16 de octubre, la celebración de un Pleno de la institución.
Su objetivo fue articular una queja formal, y oficial, a la Comisión Europea, contra la proyectada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso que posibilitara elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una mayoría simple en vez de la mayoría de 3/5 establecida desde 1985.
Dicho Pleno se celebró el pasado 28 de octubre. Una mayoría de 13 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, votó, después de 4 horas, por renunciar a cualquier tipo de acción.
“En este momento, no es necesario llevar a cabo una manifestación expresa de su opinión sobre la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos ni sobre la de ningún otro grupo parlamentario”, decía el comunicado de esa mayoría.
Carmen Llombart votó en contra y sus compañeros, los mismos que han suscrito este comunicado, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, votaron en blanco, expresando su ausencia de coincidencia con el voto de la mayoría. Lo que ahora han vuelto a hacer patente con esta declaración pública.
