El Tribunal Constitucional se enfrenta a distintas iniciativas que ponen en tela de juicio la constitucionalidad del estado de alarma y sus derivadas: recursos de constitucionalidad contra la (ley) declaración del estado de alarma y cuestiones de inconstitucionalidad contra algunas de sus consecuencias.
Va a resultar muy interesante constar el argumentario del máximo intérprete de la Constitución sobre la virtualidad de los derechos fundamentales en esta situación de excepcionalidad constitucional y sus efectos restrictivos, y hasta suspensivos, sobre su ejercicio efectivo por los ciudadanos.
Pero, también el Constitucional tendrá que abordar a la reciente cuestión de inconstitucionalidad planteada desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la reforma «express» de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para la redistribución de competencias entre los juzgados y las Salas de lo Contencioso-Administrativo en orden a la ratificación de las disposiciones de las Comunidades Autónomas sobre el COVID-19.
Es muy interesante el juicio que los magistrados aragoneses hacen sobre el mismo papel constitucional que corresponde al juez, desvirtuado en los artículos 8 y 10 de la LJCA en esa formulación extraña de la «ratificación» de normas reglamentarias.
Además, en algunos juzgados y tribunales se preparan más cuestiones de inconstitucionalidad contra el régimen sancionador del estado de alarma por infringir el derecho fundamental a la legalidad sancionadora proclamado en el artículo 25 de la Constitución Española.
