Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol y cuyo patrimonio está siendo investigado en la Audiencia Nacional (AN), ha pedido al magistrado Manuel García-Castellón, instructor del caso Tándem, que le tenga como perjudicado en la macrocausa en la que se investigan las actividades presuntamente delictivas del excomisario José Manuel Villarejo, con el fin de poder ejercitar la acusación particular en este asunto.
Así lo señala en un escrito presentado este pasado lunes, en el que la defensa traslada al magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ya hace diez meses que se presentó escrito de personación en la causa sin que haya obtenido respuesta alguna.
La defensa expone que el pasado sábado tuvo conocimiento de que el socio de Villarejo también imputado en la causa, Rafael Redondo, tenía en su poder información mercantil del mayor de los Pujol «con la que mercadeaba con terceros» y que tal tenencia era necesariamente ilícita, por cuanto ni había sido cedida por su mandante ni los investigados formaban parte de la fuerza policial que tenía encomendada la investigación de las citadas mercantiles.
El letrado afirma que estamos indiciariamente ante un delito de revelación de secretos, cuyo esclarecimiento deberá abordar la instrucción, que habilita a esta parte para comparecer como acusación particular.
Argumenta que dichos indicios apuntan a que Pujol Ferrusola fue uno de los objetivos del denominado Grupo Cenyt (empresa de detectives de Villarejo), cuya función principal, según se afirma en múltiples resoluciones, era «la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aprovechándose de la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado le permitió el tráfico de dicha información con terceros».
Para la defensa de los Pujol, existen sobrados indicios de que Villarejo, «actuando al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público», falseó documentos de carácter mercantil, obtuvo información de carácter íntimo de Jordi Pujol Ferrusola y ofreció «ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador».
Por ello, reclama a García-Castellón que resuelva sobre la petición de personación como acusación particular y tenga a su representado como perjudicado en la macrocausa.
LA FISCALÍA PIDE A LA AN QUE CONFIRME EL PROCESAMIENTO DE LOS PUJOL POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Por otra parte, cabe destacar que tras más de siete años de investigación del origen de la fortuna del expresidente de Cataluña, el pasado mes de julio el magistrado José de la Mata, hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN hasta ser nombrado la semana pasada por el Consejo de Ministros nuevo representante de España en Eurojust, propuso enviar a juicio al matrimonio Pujol Ferrusola y sus hijos -Jordi, Marta, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Oleguer- al acreditar que parte de esas presuntas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.
De la Mata dictó un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado con el que puso fin a la investigación de la pieza principal de este caso.
Considera que los hechos serían constitutivos de supuestos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
El magistrado explica en el auto el rol que desempeñó cada miembro de la familia y asegura que existen «indicios sólidos» que acreditan que el patrimonio no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol.
También ha propuesto juzgar otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.
La familia Pujol interpuso un recurso contra la decisión del magistrado.
La defensa pidió el sobreseimiento de la causa y acusó a De la Mata de procesarles por ser miembros de esa familia sin describir las conductas individualizadas que habría desarrollado cada uno de ellos y que justificaría el delito de organización criminal.
La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 3 de septiembre un escrito impugnando dicho recurso.
La teniente fiscal Belén Suárez ha solicitado a la Sala de lo Penal de la AN que confirme la decisión de De la Mata de proponer juzgar al expresidente catalán, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por presuntamente formar una organización criminal y aprovecharse de su «posición privilegiada» para acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
La Fiscalía Anticorrupción todavía no ha emitido su escrito de acusación.
PODEMOS PIDE HASTA 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA JORDI PUJOL, 17 PARA MARTA FERRUSOLA Y 54 PARA SU PRIMOGÉNITO
Sí lo ha hecho Podemos, que ejerce la acusación popular, y solicita para Jordi Pujol 20 años de prisión por blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
Para la mujer del expresidente catalán reclama penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita -subsidiariamente organización criminal- y blanqueo de capitales.
En cuanto al hijo mayor, pide penas que ascienden a 50 años y seis meses de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de hasta cinco años de 2007 a 2012, una petición que podría incrementar hasta los 54 años y medio sí se considera que la conducta de Jordi Pujol Ferrusola encaja más en un delito de organización criminal que en asociación ilícita.
Para el resto de hermanos, reclama condenas que van desde los seis años que solicita para Marta y Mireia Pujol Ferrusola, a los 18 años y seis meses que se solicitan para Josep Pujol Ferrusola, pasando por los 9 que piden para Oleguer, Oriol y Pere. A todos ellos les imputa delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
