El Consejo General del Notariado (CGN) ha reelegido a José Ángel Martínez Sanchiz, decano del Colegio Notarial de Madrid, como presidente de la entidad integrada por los decanos de los 17 Colegios Notariales que representa a los casi 3.000 notarios de toda España.
De esta manera, según ha informado el CGN en un comunicado, al frente del Consejo estarán Martínez Sanchiz y Raimundo Fortuñy Marqués, decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares, como vicepresidente.
Junto a ellos, como miembros de la Comisión Permanente, José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Ignacio Ferrer Cazorla, decano del Colegio Notarial de Extremadura, y Francisco Cantos Viñals, decano del Colegio Notarial de Valencia.
Martínez Sanchiz, notario desde agosto de 1979 y en ejercicio en Madrid desde 1983, ha desempeñado diversos cargos corporativos. Fue elegido presidente del Consejo General del Notariado por primera vez en diciembre de 2016. Además, es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Por su parte, Fortuñy Marqués es notario desde 1987 y ejerce en Calviá (Mallorca) desde agosto de 1997. Ha sido reelegido decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares en tres ocasiones y ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado en los dos últimos años.
Congreso Notarial Intersectorial sobre la problemática de los mayores
El reelegido presidente del CGN señala que «nuestro objetivo primordial será reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia y asiento de los derechos humanos. La función notarial ha ido siempre al encuentro de la persona a fin de brindar soluciones jurídicas, en especial respecto de los más vulnerables por las razones que sean, personales o económicas».
También apunta que el nuevo Consejo impulsará, «al hilo de la Convención de Nueva York y de la reforma en ciernes del Código civil y Código civil de Cataluña, los apoyos voluntarios a las personas con discapacidad».
En este tema, explica, «contamos con la dedicación y esfuerzo de la Fundación Æquitas que ha cumplido 20 años. Asimismo, es propósito de este Consejo llevar a efecto un Congreso Notarial intersectorial sobre la problemática de los mayores, que se había previsto en la legislatura anterior para mayo de este año y que la pandemia obligó a suspende».
Asimismo, Martínez Sanchiz destaca que «es fundamental continuar en el empeño que se inició hace veinte años por implantar, como parte del servicio público notarial, las nuevas tecnologías. De ahí que hayamos venido trabajando y puesto a disposición de los poderes públicos la posibilidad de que ciertos documentos notariales se otorguen a distancia mediante videoconferencia en la sede electrónica notarial, que se hará visible al ciudadano a través del nuevo Portal del Ciudadano».
«El objetivo estriba en que ciertos documentos notariales, muy frecuentes, se puedan llevar a efecto sin necesidad de desplazarse a la notaría. Así es el caso de poderes especiales, pólizas mercantiles o la realización de actos societarios».
Del mismo modo, agrega, «hacer posible que el ciudadano obtenga la copia autorizada electrónica de su escritura o póliza y la lleve, si quiere, en su móvil. No es ciencia ficción. El Notariado dispone ya de las aplicaciones técnicas necesarias que habrán de acoplarse, en su caso, a las correspondientes reformas legales».
Otro objetivo igualmente prioritario será «la atención y apoyo a los emprendedores y empresarios, tanto en lo que atañe a la constitución y funcionamiento de sus empresas como en lo atinente a las decisiones que antes o después cumple adoptar en cuanto a su sucesión o traspaso. En esta línea, fomentaremos las encuestas con los sectores empresariales y realizaremos seminarios sobre estos temas, a través de la Fundación Notariado», asegura.
También destaca la intención del Consejo General del Notariado de «colaborar, como hasta ahora, con las Administraciones Públicas para proponer soluciones en beneficio del interés general, especialmente en los ámbitos señalados y en otros, que ocupan nuestra atención prioritaria, como la vivienda». Asimismo, destaca la necesidad de «reforzar nuestra colaboración -reconocida por el GAFI- en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
