El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 15 de diciembre, la Proposición de Ley registrada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando haya caducado su mandato, como ocurre desde el 4 de diciembre de 2017, para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos de altos cargos judiciales.
Tras este primer debate, la idea de los partidos que forman el Gobierno es habilitar el mes de enero para poder completar su tramitación con idea de que se apruebe lo antes posible.
PSOE y Unidas Podemos registraron esta proposición de ley el pasado 2 de diciembre. La Mesa de la Cámara la calificó el pasado viernes, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndola al Gobierno, que tenía un plazo de 30 días para informar sobre la misma.
Y ya lo ha hecho. El Ejecutivo ya ha dado su conformidad para que la Junta de Portavoces del Congreso pueda incluirla hoy en el Pleno de la próxima semana.
Así, en una semana se han ventilado todos los trámites preliminares para facilitar este debate.
En el PSOE han anunciado su intención de pedir que se habilite el mes de enero, que a efectos parlamentarios está fuera del periodo ordinario, para celebrar cuantas sesiones sean necesarias para aprobar esta reforma cuanto antes.
LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA DESCARGAR
Esta reforma legislativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, se suma a la registrada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso el pasado mes de octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ, y que tanta polémica ha suscitado.
La limitación de las competencias de un CGPJ en funciones ya se incluía en la iniciativa que presentaron en octubre, pero han querido precisarla en una nueva Proposición de Ley exclusiva sobre este asunto.
La Comisión Europea recordó la semana pasada al Gobierno de España que cualquier reforma del CGPJ debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, sin que en ningún caso la reforma comprometa la independencia del Poder Judicial.
Es ya el tercer aviso de Bruselas. El primero lo hizo el 15 de octubre, y el siguiente el 20 de octubre.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han presentado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, impulsado por asociaciones judiciales y fiscales, que pide que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «no como pretende la propuesta de reforma con la que siguen amagando PSOE y Podemos para politizar más aún el CGPJ, sino para todo lo contrario: para despolitizarlo de una vez y de verdad permitiendo que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano».
También se reunirán con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a finales de la próxima semana, por lo que el encuentro se celebrará posteriormente al debate parlamentario sobre la propuesta de PSOE y Podemos para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos de altos cargos judiciales estando en funciones.
APM, AJFV y FJI subrayan que «estas iniciativas chocan frontalmente con un verdadero propósito de alejar al órgano de gobierno del Poder Judicial de las contiendas partidistas y del juego político».
Foro Judicial Independiente (FJI) ha pedido recientemente la dimisión del ministro porque «no se cumplen las exigencias de Europa para preservar la independencia del órgano de gobierno de los jueces».
Además, denuncia que Campo «está alentando» las reformas planteadas por el grupo parlamentario socialista para modificar la LOPJ y rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los 20 vocales del CGPJ.
Esta asociación, presidida por la magistrada Concepción Rodríguez, reclama también a la clase política que apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace siete años.
