La defensa del expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un recurso de reforma contra el auto de procesamiento en la segunda causa por presunta desobediencia al no retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del 1-O.
El recurso, consultado por Europa Press, pide a la titular del juzgado de Instrucción 24 de Barcelona que revoque su auto y dicte el sobreseimiento de la causa.
La defensa de Torra sostiene que la causa «parte de una base fáctica que refleja un claro error» del juzgado en la cronología de los hechos, en la que considera que faltan datos que califica de esenciales, como que se había presentado un recurso contra la orden de retirar la pancarta.
Defiende que, por este recurso, la orden «aún no era firme ni ejecutable«, y reprocha a la magistrada hacer valoraciones sobre los hechos en fase de instrucción.
En concreto, se refiere a la expresión ‘contumaz rebeldía’ que empleó la jueza en el auto. «Claro que representa una clara valoración anticipada de los hechos objeto de la presente causa y afectan a la imparcialidad de quien debe instruir desde una perspectiva de equidistancia hacia los hechos».
Reprocha que se ha vulnerado a Torra el derecho a la presunción de inocencia y sostiene que actuó amparado por el derecho a la libertad de expresión, de participación política y por el derecho a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que ordenó retirar la pancarta.
Se trata de la segunda causa judicial contra el expresidente Torra por mantener en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta con un mensaje de apoyo a los presos del 1-O, después de ser condenado a un año y medio de inhabilitación en la primera causa.
La titular del juzgado de Instrucción 24 de Barcelona lo ha procesado por presunta «falta de acatamiento» al no quitar otra vez la pancarta. En el auto de procesamiento constata que Torra colocó la pancarta en septiembre de 2019 y no la retiró pese a la orden del TSJCat.
La juez concluye que existen indicios de que Torra cometió un delito menos grave de desobediencia y tacha su actitud de «contumaz rebeldía».
El procedimiento comenzó en verano de 2019 cuando Impulso Ciudadano presentó ante el TSJCat un recurso contencioso administrativo para retirar la pancarta a favor de los presos del 1-O y un lazo amarillo del balcón de la Generalitat tras las elecciones generales y municipales, ya que «se vulneraba la neutralidad de las administraciones».
El 19 de septiembre de 2019, el TSJCat estimó la petición cautelar de Impulso Ciudadano para que se quitase la pancarta y acordó requerir personalmente a Torra para que la retirara en un plazo de 48 horas, y el 27 de septiembre la pancarta seguía puesta en el balcón.
Al ser inhabilitado como presidente de la Generalitat con la confirmación de su primera condena por desobediencia y, por tanto, perder la condición de aforado, el juzgado de Instrucción se hizo cargo de la investigación y la Fiscalía e Impulso Ciudadano han anunciado que pedirán pena por un delito de desobediencia.
