El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha acordado no incluir en el orden del día del Pleno del próximo jueves los nombramientos de cargos judiciales debido a la posible renovación del órgano de gobierno de los jueces, como hizo también en dos anteriores ocasiones cuando parecía que la renovación se iba a producir de forma inminente.
Se trata de 5 nombramientos de la juristicción militar, todos ellos con candidato único.
Fuentes del Consejo han señalado a Confilegal que los nombramientos que ha realizado el CGPJ estando en funciones han salido adelante con el voto favorable de la mayoría del Pleno, y que en este caso parece que no iba a ocurrir.
LAS REACCIONES DE LAS ASOCIACIONES A ESTA MEDIDA
Las cuatro asociaciones judiciales se pronuncian en este diario sobre esta medida.
La magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, y juez decana de Madrid, manifiesta que «parece una actitud prudente y respetable lo que hace el Consejo diciendo que no vayan los nombramientos este jueves», pero destaca que «realmente más allá de las noticias que han aparecido en los medios y de las declaraciones de los políticos, «el anuncio real de que existe esa renovación no existe», por lo que considera que «lo prudente es que el CGPJ continuara ejerciendo sus funciones hasta que exista ese anuncio de que realmente se ha llegado a un acuerdo para renovar el Consejo».
Del Barco apunta que esta mañana el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, decía que iba a haber renovación porque Podemos quedaba fuera, y que después Podemos se ha apresurado a decir que no es así.
El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha señalado a este diario que «era de esperar que el Consejo no hiciera los nombramientos o paralizara el procedimiento de nombramiento teniendo en cuenta los antecedentes», en alusión a la suspensión en anteriores ocasiones, el pasado mes de enero y en julio.
Y añade que «es hasta lógico que proceda de esta manera si se va a proceder a la renovación con carácter inmediato».
Recuerda que la postura de AJFV siempre ha sido que se espere al Consejo nuevo para realizarlos, pero también que una vez que pasa un tiempo prudencial «lo razonable» es que se reanuden «porque no se puede estar paralizando permanentemente el desempeño de cargos judiciales».
En todo caso, reprocha al CGPJ «los vaivenes» que está dando al respecto.
«Eso es lo realmente censurable, más que el hecho en sí de que haya decidido ahora no hacer los nombramientos sabiendo que el acuerdo es inminente», manifiesta.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera la paralización de los nombramientos «una medida prudente» ante el anuncio de los principales partidos de la inminente renovación, según ha expresado la portavoz de la asociación, la magistrada Ascensión Martín.
«Es prudente por cuanto estando en funciones más de años si esas negociaciones se producen de forma inmediata, sería conveniente que los nuevos nombramientos de cargos tan importantes como el Tribunal Supremo, la Sala Primera y la Sala Quinta, se decidiesen por el nuevo Consejo una vez tome posesión», afirma.
Por su parte, la asociación judicial Foro Judicial Independiente (FJI) ha vuelto a criticar la retirada de los nombramientos porque, a su juicio, «evidencia la falta de independencia del CGPJ».
«Pone de manifiesto que hay un incumplimiento por parte del Consejo de una de las funciones que le son propias y que los nombramientos no dependen del mérito y capacidad, sino de cuestiones políticas ajenas a la Carrera Judicial», han manifiestado desde esta asociación que preside la magistrada Concepción Rodríguez.
Además, FJI señala que «la paralización de los nombramientos afecta al derecho de los candidatos a dichos cargos a que se resuelva la elección».
«Que el CGPJ recoja el guante y se pliegue a los dictados del Ejecutivo es algo que simplemente no debería suceder», subraya FJI, y afirma que «no es la primera vez que el CGPJ pone los intereses políticos por encima de sus obligaciones legales en una inaceptable confusión de prioridades».
