Ocho vocales del lado conservador –José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona y Gerardo Martínez-Tristán– y tres del lado progresista –Roser Bach, Victoria Cinto y Enrique Lucas– han dirigido un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, exigiéndole que incluya en el Pleno del próximo jueves los ocho nombramientos que habían sido previstos.
Lesmes tomó ayer la decisión de no incluirlos en el orden del día ante la noticia de que finalmente el Gobierno y el PP habían reiniciado las conversaciones para renovar el actual órgano de gobierno de los jueces, que pasará al Libro Guinness de los Récords como el más largo de la historia: siete años y dos meses.
El mandato del CGPJ es por cinco años.
¿Una rebelión en toda regla por parte de vocales que han sido sus más estrechos colaboradores durante los últimos años? En apariencia, porque lo que plantean es lo mismo que las dos veces anteriores en las que se decidió suspender los nombramientos, en enero y en junio del año pasado. Por las mismas causas.
Lo que dice la ley.
Los ocho vocales mantienen que quien tiene que tomar la decisión de aplazar o no los nombramientos pertenece al pleno y no al presidente
Por ello, los ocho vocales han apelado a los artículos 35 y 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial que dice que si un mínimo de cinco vocales solicitan que se discuta un asunto en el Pleno debe incluirse en el orden del día.
Lesmes, de esta forma, está obligado a incluirlo en el orden del día para permitir que los 20 vocales que conforman el pleno del CGPJ debatan sobre la conveniencia de votar esos nombramientos, calificados todos por la Comisión Permanente, o no.
Los nombramientos en liza son dos plazas de magistrados de la Sala de lo Civil y una de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, también los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Canarias y País Vasco y los de las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca. Sin olvidar la de un magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
