A lo largo de un mes, desde este martes, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), impartirá un curso dirigido a abogados del turno de oficio sobre protección jurídica de las personas con discapacidad.
El objetivo, según ha explicado el CGAE, es garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.
El curso profundizará en la normativa relacionada, así como en su aplicación en las diferentes jurisdicciones, ya que esto supone un requisito indispensable para una adecuada asistencia legal.
«Aprender continuamente es una de las principales responsabilidades que tenemos todos los operadores jurídicos porque nuestra materia de aprendizaje es nada menos que los derechos de los ciudadanos», afirmó la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, en la inauguración de este curso.
«Es una manifestación de la apuesta de la Abogacía por mantener a la profesión a la vanguardia de los derechos de los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad, advertida la persistencia de dificultades para este colectivo».
Los Estados firmantes de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como España, tienen la obligación de promover activamente la eliminación de todas las barreras que existen en el entorno y en la mentalidad de las personas para la efectiva protección jurídica de este colectivo.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía destacó la importancia de esta Convención porque «nos sitúa a los abogados en la obligación de garantizar la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad, ya que éstas son acogidas por el ordenamiento como titulares de derecho en toda su extensión».
Por su parte, el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, se refirió a la Abogacía, como «aliada firme de los derechos de las personas con discapacidad, ya que es la profesión jurídica más cercana, ágil y comprometida con esta parte de la ciudadanía».
Por último, la coordinadora del Grupo de Discapacidad del Consejo, Eva M. Ribó Fenollós, ha descrito la metodología de la formación-siete módulos temáticos, nueve sesiones y tres talleres prácticos-, que combina teoría y práctica.
«Aglutina el contenido mínimo para formar parte del turno de oficio especializado de los Colegios de Abogados». Además, adelantó que debido a la gran acogida que ha tenido el curso habrá una segunda edición en abril.
El Consejo General de la Abogacía Española cuenta con el apoyo y la participación de las principales organizaciones sociales del ámbito de la discapacidad en el plano estatal para la realización de este curso, como Fundación ONCE y Plena Inclusión, que nace con la intención de reforzar la calidad de la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad.
