El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la libertad con medidas cautelares para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la causa por la denominada Operación Tándem, por la que se encuentra en prisión desde el 5 de noviembre de 2017.
El magistrado adopta esta decisión a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado hoy su excarcelación.
En un auto, con fecha de hoy contra el que cabe recurso, el instructor impone a Villarejo unas medidas cautelares que consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio, la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.
En el caso de incumplimiento de cualquiera de estas medidas, advierte el juez, «además de las responsabilidades penales que pudiera incurrir, podrá valorarse la modificación de la situación personal».
En l auto, el juez recoge las recientes resoluciones en las que la Audiencia Nacional ha acordado la libertad del excomisario en las piezas 2, 3 y 6, conocidas como ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, así como la acumulación de las mismas en un único procedimiento, y en las que la Sala manifiesta la imposibilidad de señalar el juicio con anterioridad al 3 de noviembre de 2021, fecha en la que se cumpliría el máximo legal de prisión preventiva de cuatro años.
Además, explica que el estado de tramitación de la pieza principal y de las restantes piezas separadas están en fase de instrucción y no permite su inmediata conclusión y, por tanto, tampoco su enjuiciamiento antes de la fecha de expiración del plazo máximo de prisión provisional.
Por otro lado, recuerda que también se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado disminuyendo el riesgo de ocultación de activos, y muy especialmente, la posibilidad de que puedan acordarse medidas menos gravosas e igualmente efectivas para garantizar su presencia en el proceso, atenuando los indicadores de riesgo que señala el fiscal en su informe.
La decisión de García Castellón se produce después de que la Fiscalía solicitara hoy su libertad con medidas cautelares ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando se cumple el límite máximo de 4 años en prisión preventiva.
En este sentido, el juez señala en el auto que «pese a que el Ministerio Fiscal en su informe entiende que persisten elementos que permiten apreciar un elevado riesgo de fuga y de reiteración delictiva, el mantenimiento de una situación de carácter excepcional que afecta directamente al derecho a la libertad, concluye que cuando la medida cautelar ya no resulta materialmente idónea para garantizar la sujeción del investigado al procedimiento, pudiera convertirse en una pena anticipada y comprometer, en consecuencia, el derechos fundamental a la presunción de inocencia».
