La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la investigación sobre un chat de militares retirados en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o «fusilar a 26 millones de hijos de puta», al no apreciar delito de odio.
Y ello, porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos” sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito.
El Ministerio Público comenzó a investigar el grupo de WhatsApp formado por miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire a raíz de un escrito enviado el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, después de que algunos mensajes trascendieran a los medios de comunicación, por si pudieran ser constitutivos de delito.
La Fiscalía señala que se ha acreditado el contenido de los mensajes hechos públicos, pero no el resto debido a que, conforme han señalado tanto el propio Ministerio como la Brigada Provincial de Información, se trata de un chat privado, denominado ‘La XIX del Aire’, que forman militares retirados, algunos hace más de 40 años.
El pasado 1 de diciembre, un medio de comunicación digital publicó un artículo en el que reseñaba que altos mandos integrados en un grupo de WhatsApp pertenecientes a la XIX promoción de la Academia General del Aire, enviaron una carta al Rey “exteriorizando o desvelando una postura franquista y de ultraderecha”.
En concreto, se atribuía a uno de los integrantes del chat el mensaje “no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”.
Esta persona también fue uno de los firmantes de una carta al Rey en la que se hacía una crítica contra el Gobierno, centrada en el acoso que dicen que se ejerce al Poder Judicial y la amenaza que ello supone para la separación de poderes.
El Ministerio de Defensa informó a la Fiscalía que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, “algunos hace más de 40 años”, por lo que ninguno tiene la condición militar de servicio activo o en la reserva.
También afirmó que ninguno de ellos se encuentra en activo en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa, por lo que la actuación del grupos quedaban fuera de su ámbito de la competencia administrativa o disciplinaria.
A su vez, la Brigada Provincial de Información comunicó que “La XIX del Aire” es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los que se han hecho públicos.
La Fiscalía señala que “no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.
Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados, el Ministerio Público advierte que “aisladamente” contemplados “constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno”.
Los entiende como una crítica “dura” enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, “constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre”.
Eso sí, precisa que, a su juicio, “los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual”.
La Fiscalía se refiere al campo de acción “más amplio” que tiene la libertad de expresión sobre la libertad de información “que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados”, de ahí que un criterio fundamental de enjuiciamiento de su legitimidad sea el de la veracidad.
Indica que no ocurre lo mismo con la libertad de expresión que “alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada”.
