El comisario Jaime Barrado es una leyenda en el Cuerpo Nacional de Policía. Bajo su mando se resolvió el caso de Anabel Segura y se detuvo a "El Solitario". "La mafia de Villarejo" quiso acabar con él pero no lo consiguieron. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Comisario Barrado: «Me suspendieron de empleo y sueldo por identificar a Villarejo como el hombre que apuñaló a la doctora Pinto»
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04/4/2021 01:00
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Actualizado: 04/4/2021 13:27
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Cuando ocurrió todo, Jaime Barrado era la máxima autoridad de la Comisaría de la Policía Nacional del distrito madrileño de Chamartín.
Con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, habiendo sido uno de los grandes investigadores de secuestros y extorsiones, jefe de los equipos que resolvieron el secuestro de Anabel Segura y la detención de Jaime Giménez Arbe, «El Solitario», cumplidor de la ley al pie de la letra, el comisario Barrado fue el único que plantó cara al poder «omnímodo», dentro de la Policía, del comisario imputado José Manuel Villarejo.
Y lo pagó.
«Hice lo que tenía que hacer, cumplir con la ley», explica Barrado, casi en una interpretación actualizada de la famosa frase romana «Fiat iustitia et pereat mundus», Hágase la justicia, aunque el mundo perezca.
Y no es que Barrado sea un moderno Javert, el policía antagonista de «Los Miserables», de Víctor Hugo, pero es que él siempre entendió que así debían ser las cosas.
«Si no, ¿para qué estamos los policías?», subraya.
El problema fue que él trató de hacer cumplir con la ley y al que le vino el mundo encima fue a su persona.
Apenas 72 horas después del 19 de mayo de 2015.
La tarde de ese día el comisario Barrado citó a la doctora Elisa Pinto en el edificio de la Comisaría para hacer un acta de reconocimiento de un sospechoso.
Un año antes, el 10 de abril de 2014, la doctora había sido apuñalada por una persona en el abdomen. Después de pincharla le dejó un recado: «López Madrid quiere que cierres la boca».
La doctora Pinto había denunciado tres años atrás, en 2013, ante la Justicia a Javier López Madrid, el «compi yogui» de la Reina Leticia, miembro de la aristocracia del IBEX-35, y yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir, por acoso sexual, amenazas y agresión.
El propio López Madrid le había confesado a Elisa Pinto que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo y que tenía a la Policía «de su lado».
El «sospechoso» era, por lo tanto, en el caso Tándem, dividido casi en 30 piezas judiciales diferentes, que investiga actualmente, desde la Audiencia Nacional el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6; el primero de los juicios contra Villarejo en ese órgano judicial está previsto para el próximo mes de octubre.
«Se dijo que había sido contratado por dos millones de euros por López Madrid. No lo sé. Yo lo que tenía que determinar era si Villarejo había sido el autor. Porque lo que había sobre la mesa era un delito muy grave», aclara Barrado.
ELISA PINTO RECONOCIÓ AL HOMBRE QUE LE HABÍA APUÑALADO: JOSÉ MANUEL VILLAREJO
Pinto llegó a la Comisaría con su abogado de entonces, Álvaro Vidal.
«En ese acta de reconocimiento yo asumí las dos responsabilidades, la de instructor y la de secretario. No quise que ninguno de mis hombres lo hiciera. Yo tenía dos cruces rojas y era comisario. No me podían degradar a inspector jefe. Cualquiera de ellos habría quedado marcado y su carrera se habría truncado para siempre de haber firmado aquel documento. Así estaban las cosas entonces en la Policía», cuenta Barrado.
A la doctora le puso, sobre la mesa, dos juegos de fotos, con 30 instantáneas cada una. «En la primera la doctora Pinto reconoció a Villarejo. ‘Es este pero es mucho más mayor’, me dijo. Era una foto del DNI. También lo reconoció en el segundo juego. La foto procedía de la orla de la promoción en la que Villarejo había sido elevado a comisario», detalla.
Elisa Pinto reconoció a Villarejo, más allá de cualquier duda, como el hombre que le apuñaló y que había acompañado a López Madrid cuando fue a visitarla a su despacho.
Previamente, en las semanas precedentes, Barrado había enviado a sus superiores hasta 10 notas internas, por el conducto reglamentario, pidiendo que se investigara a Villarejo por diferentes casos: el “tema Nicolai» (el pequeño Nicolas), el «tema Emperador» (Gao Pin) y la “operacion Prima” (el hindú VARMA).
«Jamás recibí contestación alguna. Hubo un silencio estruendoso. No había nadie que se atreviera a actuar contra Villarejo y cumplir con la ley. Era intocable. Tuve la evidencia de que quien mandaba en la Policía no era el ministro, Jorge Fernández, ni el director general, Ignacio Cosidó, ni el director adjunto Operativo, Eugenio Pino. Era Villarejo el que hacía y deshacía, el que promovía y truncaba carreras, nombrando, o deponiendo, comisarios», cuenta.
«¿Que por qué no ordené la detención de Villarejo entonces? Porque habrían acabado conmigo de inmediato. Lo intentaron después. Casi lo consiguieron, pero no pudieron. Lo que sí hice fue enviar el informe a la magistrada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción 39, Belén Sánchez, y al fiscal, así como a mis jefes inmediatos, todos comisarios, el jefe zonal, el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial, y, por supuesto, al jefe superior de Policía, Alfonso Fernández Díez. ¿Sabe lo que me dijo el jefe superior? Que lo que había hecho era ‘una deslealtad’. ¡Una deslealtad!«.
OBJETIVO: ACABAR CON BARRADO
El alto mando de la Policía no levantó un dedo contra Villarejo.
Pero sí contra el comisario Barrado.
Dos días después de haber enviado el acta de reconocimiento a sus superiores, Barrado fue despojado –sin ninguna explicación– de su destino y enviado a la Comisaría de Carabanchel.
«Allí van todos los castigados. Asuntos Internos no hizo lo que tenía que haber hecho: detener a Villarejo inmediatamente. A las pruebas me remito».
Para el comisario Barrado no había otra forma de actuar.
A Elisa Pinto, hasta ese momento, le había fallado la Justicia. Después de emitir una orden de alejamiento contra López Madrid, el Juzgado de Instrucción 39 no la incluyó en la base de datos SIRAJ, para que toda la Policía estuviera al tanto, a pesar de que había sido emitido 4 meses antes. Sólo cuando el comisario la reclamó. Entonces sí. A él se la enviaron por fax.
Le había fallado también la Policía. Porque la doctora Pinto había presentado previamente 14 denuncias ante su Comisaría y no le habían hecho ningún caso, lo que empujó a la doctora a denunciar el asunto ante la Guardia Civil.
Siendo consciente de lo ocurrido, Barrado se prometió de que no iban a fallarle, otra vez. No si dependía de él.
«No me arrepiento de nada de lo que hice», asegura con firmeza.
Sus «superiores» lo expedientaron dos veces por «hiperactividad policial» sospechosa, basada en que durante un año no se habían investigado las denuncias interpuestas por la dermatóloga y que en 15 días hizo el reconocimiento fotográfico.
Y otras dos veces por supuestas vejaciones a dos abogados, Óscar Jiménez Rubia y David Macías González, lo que propició que estos lo denunciaran ante los juzgados de instrucción y facilitó que seis meses después lo suspendieran de empleo y sueldo durante 4 meses, entre el 25 de junio y el 22 de octubre de 2015.
Barrado pasó, en el curso de apenas dos meses, de dirigir una de las mejores Comisarías de Policía de la capital de España a estar virtualmente expulsado de la Policía, por tiempo indefinido.
Del cielo al infierno. Literal.
«Los dos abogados, Jiménez Rubia y Macías González, asalariados de Villarejo, gestaron la denuncia contra mi persona, a su sombra. Lo tengo muy claro», destaca.
RESTITUIDO
La Justicia no permitió que «la conspiración» finalmente se materializara y que Barrado fuera expulsado, de un modo definitivo, de la Policía, cerrando una de las carreras más brillantes del Cuerpo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en dos sentencias, anuló el expediente disciplinario por «hiperactividad policial», por una parte, y el acuerdo de expulsión de la Policía, por otra.
La última decisión fue facilitada por el archivo de la denuncia interpuesta por los dos abogados ante el Juzgado de Instrucción 52.
«La credibilidad de los denunciantes, particularmente de don Óscar Jiménez Rubia, se encontraba seriamente comprometida y presentaba interrogantes», recoge el TSJM en su fallo.
La expulsión del comisario Barrado no había sido realizada conforme al ordenamiento jurídico.
Por lo que el TSJM ordenó su restitución y el abono de todos los salarios retraídos por la suspensión de funciones.
Hoy Barrado está jubilado.
Pero sigue igual de combativo. Quedan frentes judiciales abiertos. Pero esta vez el querellante es él.
Y espera esos momentos, muy preparado. Por su honor y por el honor de un Cuerpo al que ha entregado su vida.
«Decía John Harrington que cuando la traición triunfa nadie se atreve a llamarla tradición. Yo sí», concluye.
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