El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el ‘pequeño Nicolás’, por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo presuntamente haciéndose pasar por un enlace de la entonces vicepresidencia del Gobierno y de la Casa Real, comienza mañana en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía Provincial de Madrid acusa al joven de usurpación, cohecho y falsedad en documento oficial y pide siete años de prisión.
Además, reclama una multa que ronda los 81.000 euros.
El Ministerio Público lo acusa de haber organizado un almuerzo con un empresario en la localidad gallega de Ribadeo, al que acudió haciéndose pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real, para lo que tuvo que falsificar varios documentos oficiales.
La defensa del joven la ejerce el letrado Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Junto al ‘pequeño Nicolás’ se sentarán en el banquillo de los acusados Jorge G. H., cabo de la Policía Municipal de Madrid, destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, y Carlos P. L-D, Policía Municipal de Torrijos (Toledo), a quienes la Fiscalía acusa de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
Para ellos reclama cinco años y medio de prisión, una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años.
El juicio está fijado en tres sesiones matinales los días 11, 12 y 13 de mayo.
Para mañana está prevista la formación de la Sala, la tramitación de las cuestiones previas, los interrogatorios de los tres acusados y la declaración en calidad de testigos de tres policías nacionales.
El miércoles y el jueves declararán los testigos y esa última sesión continuará con la presentación de los informes periciales de dos policías y los informes documentales propuestos por las partes.
EL ESCRITO DE LA FISCALÍA
Según relata el fiscal Alfonso San Román en su escrito de acusación, a principios de agosto de 2014, ‘el pequeño Nicolás’ propuso organizar una reunión al empresario Jorge Cosmén Menéndez-Castañedo, presidente de ALSA, «con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo, ser asignado para algún tipo de intermediación en la adjudicación de alguna concesión pública u otra finalidad».
Explica que con este objetivo el referido Francisco Nicolás Gómez «dispuso toda una serie de medios» para «hacer creer» a Cosmén que «ostentaba un cargo público consistente en ser enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno de España y la Casa Real».
El fiscal expone que tras varios contactos, el acusado concertó con el empresario una reunión que tendría lugar el 13 de agosto de 2014 en un restaurante del Puerto Deportivo de la localidad de Ribadeo (Lugo) y a la que, según ‘el pequeño Nicolás’, «asistiría una persona muy importante de la Casa Real».
La Fiscalía relata que para llevar a cabo su plan, Gómez Iglesias había contactado previamente con el también acusado J. G. H., un policía municial de Madrid destinado en el Grupo de Escoltas y Protección, a quien conocía previamente le explicó su propósito de hacerse pasar por un cargo público, y le pidió, a cambio de una gratificación por sus servicios, que «le proporcionara los medios policiales necesarios para hacerse pasar por un cargo público y aparentar carácter oficial al almuerzo».
Además explica que Gómez Iglesias, identificándose siempre como enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, solicitó a la Policía Municipal de Ribadeo que les acompañara en la comitiva.
Apunta que éste también telefoneó al presidente del Club Náutico para informarle de la visita de una alta personalidad de Casa Real, contrató el alquiler de cuatro vehículos con sus respectivos conductores, reservó tres mesas en el restaurante y hasta confeccionó en un ordenador personal acreditaciones del Ministerio del Interior para los vehículos.
También antes de 13 de agosto de 2014, según señala la Fiscalía, el acusado Jorge G. H. propuso al también acusado Carlos P. L-D, funcionario de la Policía Municipal de Torrijos (Toledo), su participación en el viaje proyectado en calidad de escolta, propuesta que fue aceptada.
El Ministerio Público narra que sobre las 5 de la tarde del 13 de agosto la comitiva partió desde Madrid en la que Jorge G. y Carlos P. se identificaron al resto del grupo comopolicías que realizaban labores de escolta a una autoridad y colocaron acreditaciones oficiales del Ministerio del Interior en dos vehículos.
Detalla que ya en el restaurante, ‘el pequeño Nicolás’ fue recibido por el alcalde de Ribadeo, a quien también se presentó como enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, y con quien departió brevemente.
A continuación dio comienzo el almuerzo con el empresario.
Según la Fiscalía, furante la comida, Jorge G. avisó a Francisco Nicolás Gómez de que «tenía una llamada de la Vicepresidenta del Gobierno, facilitándole un teléfono para que atendiera la llamada».
«La llamada era totalmente simulada y no existió en realidad», destaca el fiscal.
Indica que finalizada la comida, la comitiva abandonó el lugar, utilizando nuevamente los rotativos policiales y escoltada por los vehículos de la Policía Municipal de Ribadeo, regresando a Madrid.
La Fiscalía señala que posteriormente, ‘el pequeño Nicolás’, en pago de los servicios descritos, abonó a Jorge G. 2.000 euros, y que éste último, a su vez, entregó, por el mismo concepto, a Carlos P. 400 euros.
El Ministerio Público señala que no consta que el acusado J. G. se apropiara de los rotativos luminosos, aparatos de transmisión y “pinganillos” utilizados.
Indica que en la fecha de los hechos no existía inventario de los efectos que había en el almacén de la Policía Municipal de Madrid, situado en la calle Montalbán.
Las acreditaciones del Ministerio del Interior mendaces para dos vehículos fueron intervenidas en la diligencia de entrada y registro efectuada el 14 de octubre de 2014 en el domicilio de Francisco Nicolás Gómez.
La Fiscalía también explica que el 15 de agosto de 2014 ‘La Voz de Galicia’ publicó una información titulada «Al final no era Juan Carlos I quien estaba comiendo en Ribadeo» y que ‘el pequeño Nicolás’ llamó por teléfono al periodista que firmó el artículo para que retirase la información porque se trataba de un asunto de seguridad nacional.
Este juicio se ha aplazado en tres ocasiones. Una, por la pandemia de coronavirus, otra porque su entonces abogada denunció «presiones y coacciones» hacia ella y su familia, y la tercera el pasado enero, «por motivos sanitarios».
La detención del ‘pequeño Nicolás’ el 14 de octubre de 2014 derivó en diferentes procedimientos judiciales.
Tiene pendientes otras dos causas.
En 2018 fue absuelto de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente.
