El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado hoy en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta de la diputada de ERC Montserrat Bassa, hermana de la exconsejera Dolors Bassa condenada en la causa del procés, que las reformas en las que trabaja su equipo, los anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de la Fiscalía Europea, van a reforzar el papel que el Ministerio Fiscal tiene: defensa de los derechos de los ciudadanos, de la legalidad y del interés público.
«El Ministerio Fiscal responde específicamente a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de acción y dependencia jerárquica, y las nuevas reformas van a potenciar estos principios que le han hecho grande», ha afirmado Campo.
Así se ha pronunciado el titular de Justicia tras la intervención de Bassa, quien ha señalado que «España sigue en guerra con Cataluña» y que los fiscales se erigen como «vengadores de la patria» por «alinearse con Vox» durante el juicio en el Tribunal Supremo y respaldar ahora el rechazo de la concesión del tercer grado a los presos.
La diputada del Grupo Parlamentario Republicano ha insistido en un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el 8.1, que establece que «el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público». En este sentido, ha preguntado si «en orden a la defensa del interés público se debe refrenar la precesión contra Cataluña».
Según el ministro, no debe verse como una amenaza la relación que el Gobierno tiene con el Ministerio Fiscal, «presidida por lealtad institucional, el respecto a la legalidad y por preservar el papel y el rol constitucional de cada uno de los actores».
Campo ha explicado también al Grupo Republicano que en el anteproyecto de la nueva LECrim, los fiscales asumen un mayor protagonismo en la fase de investigación del delito, y serán los principales responsables de impulsar y dirigir la investigación, mientras que los jueces serán los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías procesales de los investigados.
Así, el propio anteproyecto de la LECrim contempla, en su Disposición Final 2ª, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de ajustar la organización de esta institución al nuevo modelo de proceso penal.
