El Tribunal Supremo contempla emitir su informe sobre el indulto a los presos de la causa del ‘procés’ a finales de esta semana y se prevé que éste sea contrario a concederles la medida de gracia.
Tras el informe del Supremo, el Gobierno ya tendrá vía libre para adoptar una decisión al respecto.
La concesión de indultos parciales por parte del Gobierno, aún siendo limitados, también supondría «con seguridad» la puesta en libertad de los líderes independentistas por la obligada progresión al tercer grado penitenciario, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido este lunes que los indultos de los condenados por el ‘procés’ se vean con «naturalidad», tanto si son favorables como si no los son o si son «totales o parciales».
La concesión de indultos obligaría al alto tribunal a volver a pronunciarse pero solo si hubiera recursos del fiscal frente a decisiones de la administración penitenciaria, señalan las mismas fuentes a Europa Press, que aventuran bastante improbable la posibilidad de estos recursos.
En todo caso, una vez se conozca la decisión del Gobierno, y si esta supone la aplicación de la medida de gracia, el tribunal sentenciador tendría que hacer una nueva liquidación de condena y fijar fecha de la extinción definitiva de las diferentes penas impuestas a cada uno de los condenados.
En un desayuno informativo celebrado este lunes, el ministro ha insistido en que éstos se valorarán de forma individual, analizando el expediente concreto de cada penado, lo que abre la puerta a que pueda haber decisiones dispares.
No se esperan en todo caso sorpresas por parte del tribunal, que se mantiene hermético respecto de su decisión.
En todo caso, fuentes jurídicas apuntan que lo esperado sería un informe denegatorio dados los argumentos que los magistrados ya han expresado respecto de otros asuntos referidos a los presos como fue la concesión del tercer grado propuesta por la administración penitenciaria catalana.
En dicha ocasión se señaló que la aplicación de esta medida en este momento de la ejecución de las condenas supondría «vaciar de contenido» la sentencia dictada en octubre de 2019.
Desde hace semanas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo trabaja para tener a punto su informe antes de junio, lo que supondrá que el Gobierno ya estará en disposición de adoptar una decisión al respecto en las próximas semanas.
Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó –estos tres últimos condenados por desobediencia–; los ‘Jordis’; y Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos.
El indulto referido a Junqueras –condenado a 13 años por sedición y malversación de caudales públicos– fue presentado por varios internos de la cárcel de Lledoners donde cumple su pena, el presidente del partido Justicia Económica y Social (JES) Sergio Querol, el jurista Francesc Jufesa y otro particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, quienes pedían el indulto total o parcial mediante la reducción de la pena de prisión impuesta o la sustitución de esta por pena de inhabilitación.
El trabajo de los siete magistrados que juzgaron esta causa se viene acelerando desde que se conoció que las defensas de Junqueras y de otros condenados ni siquiera contestarían al requerimiento de alegaciones sobre sus propios indultos realizado por alto tribunal, que les había dado la posibilidad de que alegaran lo que consideraran conveniente acerca de esta petición. Se trataba de un requerimiento de cortesía del alto tribunal, ya que la Ley del Indulto no contempla este trámite.
La Fiscalía se ha pronunciado en contra y la Abogacía del Estado ha evitado pronunciarse a favor o en contra
El Supremo ha recabado los informes requeridos por el trámite del indulto. Tiene ya en su poder el de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado, tras lo cual deberá emitir el suyo propio y enviarlos todos al Ministerio de Justicia, que los estudiará para adoptar una posición que llevará al Consejo de Ministros.
La Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
La Abogacía del Estado, por su parte, ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de los indultos, por considerar que es una decisión que compete al Gobierno, si bien ha destacado que el «perjuicio económico» provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.
Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra. La concesión de los indultos, en caso de producirse, corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
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