El tribunal del ‘caso procés’ ha dictado hoy sendos autos en los que declara extinguida la responsabilidad criminal de los exconsejeros catalanes Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila al haber cumplido el pasado 9 de junio la condena de un año y ocho meses de inhabilitación especial que les impuso por delito de desobediencia.
También fueron condenados a una multa cada uno de 60.000 euros.
Los autos fueron dictados ayer, y contra los mismos cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.
El Supremo condenó a los 12 líderes independentistas por el ‘procés’ en octubre de 2019.
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha sido condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Por los mismos delitos han sido sentenciado los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión y de inhabilitación absoluta.
También han sido condenados por sedición la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación absoluta; los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y 6 meses de prisión y de inhabilitación absoluta; y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a 9 años de prisión y de inhabilitación absoluta.
Los exconsejeros Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó -en libertad- fueron condenados como autores de un delito de desobediencia y se les impuso a cada uno 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un año y ocho meses de inhabilitación especial.
El Tribunal Supremo informó el mes pasado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados por el ‘procés’ al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.
Considera que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Una veintena de asociaciones constitucionalistas de Cataluña se concentraron el pasado martes ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para manifestar su rechazo a los indultos a los líderes del proceso independentista condenados y pedir al Gobierno que escuche sus reivindicaciones.
En el acto se presentó en sociedad la Mesa Cívica Constitucionalista, que integra a estas asociaciones que reivindican que en las negociaciones entre el Gobierno central y el ejecutivo de Cataluña «se tengan en consideración las reivindicaciones de los catalanes que siempre han permanecido leales al orden constitucional».
Subrayan que los líderes separatistas «no ofrecen actualmente garantías de lealtad que justifiquen la concesión de los indultos», y piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les reciba antes de adoptar una posición sobre este tema.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró ayer que los expedientes sobre las peticiones de indulto para los condenados por el procés «no tardarán mucho en llegar» al Consejo de Ministros.
El próximo domingo tendrá lugar una concentración civil en la Plaza de Colón en contra de los indultos, convocada por la plataforma Unión 78, a la que asistirán PP, VOX y Ciudadanos.
