El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener el embargo de bienes al que fuera vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato por no abonar la fianza de 65,1 millones fijada en el auto en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el exministro no ha abonado la caución que impuso el juez para «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponerse al exministro en sentencia y que –tal y como advirtió el magistrado en su auto– al no aportarse el dinero en el plazo previsto «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
Las mismas fuentes han recordado que el juez ya había fijado un embargo de bienes a Rato en 2015 a raíz de una denuncia que presentó la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En aquel momento la suma embargada llegó a los 18 millones de euros e incluía hasta la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que percibe en su calidad de exdirector de la institución.
Así, el titular del juzgado mantendrá el embargo preventivo hasta que se dicte sentencia firme por un tribunal, que fijará la cifra definitiva –que podrá ser mayor o menor–.
Rato acudió el pasado viernes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para recibir personalmente la notificación del juez, una formalidad «dada la naturaleza de la pena solicitada» por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para él 70 años de cárcel.
El exministro lamentó a su salida del juzgado –en declaraciones a la prensa– que «ninguno» de los tres delitos principales por los que se le detuvo en 2015 figuren en el auto en el que se le envía a juicio.
Además, alegó que los delitos fiscales por los que ahora se le acusa «se refieren todos a trabajos profesionales a través de sociedades», lo que considera una «práctica habitual» por las que «personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa».
La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción pidió inicialmente 70 años de cárcel para Rato, pero deberá ajustar su petición al final de la vista oral ya que el exministro no será juzgado por delitos de insolvencia punible y falsedad documental.
