La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha llevado al Tribunal Supremo al Gobierno por no proporcionar un seguro de responsabilidad civil que cubra el desempeño de su actividad profesional.
La asociación recuerda en un comunicado que en 2015 se introdujo en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y fianzas que cubriera a estos agentes en el desempeño de su actividad profesional.
«La administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los Guardias Civiles, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan», dice el artículo 30.2.
Ante la falta de contratación de ese seguro, explica UO, «los guardias civiles, ante cualquier indemnización derivada de su actividad profesional, deben responder con su patrimonio personal y familiar».
Recuerdan que la asociación ha venido reclamando el cumplimiento de esta obligación contemplada en la ley a través de los órganos de la Guardia Civil. «Tras esos intentos en el ámbito interno del Cuerpo, la Unión de Oficiales se dirigió al Ministerio del Interior en mayo de 2020, sin que, a día de la fecha, se hayan dignado a contestar».
Así que, «ante este manifiesto incumplimiento de la ley, la Unión de Oficiales, envió un requerimiento formal al Ministerio de la Presidencia, al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa».
Transcurrido el plazo legal para contestar el requerimiento, ante la falta de respuesta, la Unión de Oficiales, explica, «queda habilitada para la interposición de recurso contencioso contra la inactividad del Gobierno por omisión de desarrollo reglamentario que permita la contratación del seguro de responsabilidad civil y fianzas que ordena el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil».
Por todo ello, ha interpuesto un recurso contencioso ante Tribunal Supremo contra la inactividad del Gobierno, por «someter a los guardias civiles y a sus familias a una situación injusta que, según la ley, no tienen por qué soportar».
