Un grupo de juristas y profesionales de la salud se han juntado para defender la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, un derecho que, su juicio, está «en entredicho».
Agrupados por la Asociación Nacional para la Defensa al Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), han grabado un vídeo en el que explican el sentido y el valor este derecho, especialmente, en el ámbito sanitario.
El objetivo, explican desde la entidad en un comunicado, es proporcionar algunos puntos de reflexión sobre la trascendencia de un derecho que «suele cuestionarse desde posturas que tratan de imponer desde los poderes públicos y las instituciones un modo unilateral de pensar y comportarse en la sociedad».
«En el actual contexto socio político se están produciendo movimientos que amenazan uno de los derechos individuales que constituyen la base de una sociedad democrática y pluralista: la objeción de conciencia», afirman.
Ahora mismo, explican desde ANDOC, «hay un importante debate en la sociedad civil sobre el valor de la objeción de conciencia: la ley de la eutanasia, la proyectada regulación del acceso al aborto en hospitales públicos, el informe ‘Matic’ sobre el aborto que se debatirá en el Parlamento Europeo, etc.».
Recuerdan que la objeción de conciencia «no es patrimonio de una ideología concreta: puede afectar a cualquiera, al margen de sus posiciones morales o ideológicas. Cuando ésta se ejerce de modo responsable y es fruto de un pensamiento coherente y sincero, debe ser respetada y garantizada».
Esta asociación nació en 2001 con el objetivo de defender la objeción de conciencia de cualquier profesional y para ello ofrecen cobertura jurídica. Asimismo, fomentan la formación bioética de los profesionales a través de jornadas, cursos, reuniones y difunden el respeto a la objeción de conciencia entre los ciudadanos en general.
El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario especialmente en asuntos relacionados con el aborto, la reproducción asistida o la píldora.
Recientemente se ha aprobado en España la Ley de Eutanasia con el objetivo, según el preámbulo de la ley, de dar fin a la vida de una persona, por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento.
La norma contempla el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir.
De este modo, define la objeción de conciencia sanitaria como el «derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones».
En concreto, en el artículo 16 se contempla este derecho y recuerda que «el rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».
Además, señala que las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir.
El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.
