El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a unos padres, quienes pagaron la hormona de crecimiento a su hijo tras negarse la administración pública, pese a la recomendación médica. Y con ello, ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a abonar a la familia la cuantía del tratamiento.
La administración de la hormona de crecimiento en menores es un tratamiento positivo para ciertos problemas de desarrollo en niños. Un tratamiento que, en España, está financiado por la sanidad pública.
Una financiación que, sin embargo, ahora ha llegado ante el TSJM. Ello, después de que la administración se negara a financiar este tratamiento a un menor, pese a la recomendación médica para suministrarle la hormona de crecimiento a Samuel (nombre ficticio).
Así, todo comenzaba en 2014, cuando el menor fue atendido en el Hospital Fundación Alcorcón, debido a que sus padres notaron un retraso en su crecimiento.
Hospital desde el que, en 2015, se solicitaban diversas pruebas para valorar su situación ósea, y analizar la posibilidad de este tratamiento. Ello, recomendando el médico del menor el tratamiento para mejorar el crecimiento del mismo.
Sin embargo, en octubre de 2015, el Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de la Hormona de Crecimiento de la Comunidad de Madrid emitía un informe desfavorable a la financiación del tratamiento para esta familia, alegando que los resultados de las pruebas y la velocidad de crecimiento del menor no estaban alterados en grado suficiente para considerarse necesario este tratamiento.
Una posición de la administración pública que se diferenciaba, de nuevo, en 2017.
Así, el 8 de noviembre de 2017, un médico especialista del sistema público prescribía el tratamiento, considerando que era necesario para evitar un «perjuicio permanente» en el desarrollo del niño.
Tratamiento que, ante el rechazo de la administración, los padres de Samuel adquirían en centros privados, utilizando las recetas del sistema público, y soportando un gasto de 55.184 euros.
La hormona del crecimiento, un gasto público
Un caso que la familia del menor, representada por la asociación El Defensor del Paciente, y en concreto, por el despacho SDS LEGAL, a través de la letrada María Teresa Herrero Navarro, llevaba ante los tribunales.
Así, la demanda contra el SERMAS llegaba ante el Juzgado de lo Social nº1 de Madrid que, en su sentencia 13/2026, condenaba al servicio público de salud madrileño a pagar a la familia el gasto de este tratamiento, al estar éste subvencionado por la Sanidad Pública.
Una decisión que el servicio sanitario llevaba en recurso de suplicación, ante la sala de lo Social del TSJM, bajo la magistratura de Concepción del Brio Carretero, María Isabel Saiz Areses y Raquel Vicente Andrés (ponente).
Magistrados que, en su sentencia 815/2026, desestimaban las pretensiones del SERMAS frente a la sentencia de instancia.
Así pues, valoraba el tribunal que el tratamiento de la hormona de crecimiento «está regulado e incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud», y la misma fue prescrita por médicos especialistas del propio servicio público al menor.
Además, expone el TSJM que el criterio del Comité Asesor fue erróneo y que el mismo, al tratarse de una decisión puramente administrativa, «no puede denegar de forma absoluta» la valoración médica, ni el derecho del paciente a ser tratado.
Especialmente, después de comprobarse los efectos positivos de la medicación aplicada.
Algo que lleva al tribunal a desestimar las pretensiones del SERMAS, confirmando la obligación de reintegro del tratamiento, e imposición de costas por importe de 800 euros más IVA.
