La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclaman el aumento de las penas por atentado a agente de la autoridad y la ejecución de un seguro de responsabilidad civil.
Así lo reivindican en sendos escritos remitidos conjuntamente al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad.
En el dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclaman la modificación del Código Penal para aumentar las penas derivadas del delito de atentado a agente de la autoridad.
“Tanto AUGC como el SUP somos receptores a diario de casos reales que reflejan cómo se ha degradado el principio de autoridad y cómo esta situación incide en la prestación del servicio, afecta al derecho a la vida, a la integridad física y moral y a la salud de miles de hombres y mujeres de los dos Cuerpos”, exponen.
Por ello, ambas organizaciones entienden que es preciso acometer una reforma legislativa que permita «adecuar los tipos penales ya existentes», recogidos en al artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, «ofreciendo así una respuesta más adecuada a este tipo de ilícitos penales, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno».
Solicitan “iniciativas de política criminal que contribuyan a restablecer el respeto al principio de autoridad y a quienes lo encarnan».
Por ello, instan al ministro a que junto con el Ministerio de Justicia inicie los trámites legales necesarios «para una modificación de la penalidad que se aplica a los tipos penales que velan por la protección de estos bienes jurídicos, que debe ser elevada y agravada».
En su misiva a la Secretaría de Estado de Seguridad piden la ejecución de un seguro de responsabilidad civil, «como marca la Ley de Personal», que dé cobertura a las actuaciones de los agentes de la autoridad ante situaciones derivadas del ejercicio de sus funciones.
La AUGC y el SUP advierten de que «esta obligación no se ha materializado», y destacan que la contratación de una póliza que cubra las acciones que puedan cometer los funcionarios policiales en el desarrollo de sus funciones es una prioridad para ambas organizaciones.
Como quiera que la aprobación de estas coberturas está supeditada al desarrollo reglamentario de la ley, reclaman que «se dé cumplimiento estricto a la misma de manera urgente».
