El bróker Javier Biosca, investigado por perpetrar una estafa con criptomonedas que habría dejado cientos de afectados y unos 100 millones de euros estafados, ha asegurado hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que su intención no era engañar a los inversores, reivindicando que realmente el negocio que les proponía era muy rentable.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, incluso ha manifestado que está dispuesto a colaborar con la justicia aportando las claves de las cuentas bancarias y otras que sean necesarias para ir pagando a los inversores, si bien ha añadido que, dado que no recuerda muchas, para ello tendría que ser puesto en libertad. De ser así, en tres o cuatro semanas quedaría resuelto, ha sostenido.
El anterior responsable del juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ordenó su ingreso en prisión preventiva el pasado 8 de julio, para evitar que pudiera fugarse, destruyera pruebas o contactara con los perjudicados y, desde entonces, está recluido en la cárcel de Alhaurin de la Torre (Málaga).
Este jueves se ha abordado también la situación de libertad de la mujer, Paloma Gallardo, y el hijo de la pareja, Sergio Biosca Gallardo, que están siendo investigados por los mismos delitos que el bróker, una larga lista que va desde estafa a blanqueo de dinero pasando por apropiación indebida.
El juez Abascal ha ordenado retirar el pasaporte a ambos pero que continúen libres. La Fiscalía había reclamado algún tipo de medida cautelar, aunque dejando en manos del instructor decidir cuál, mientras que las otras defensas pedían el ingreso de los dos en prisión preventiva.
Durante el interrogatorio, en el que solo ha contestado al juez y a su abogado, Biosca ha explicado que no sabía nada de criptomonedas hasta 2019, cuando se empezó a interesar por este tipo de inversión y, al observar que daba importantes beneficios, decidió encargar a una persona de su confianza que buscara inversores.
Lo hizo a través de ‘Algoritmhmics Group’, una empresa que, de acuerdo con la querella presentada por la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins –representada por el bufete de Emilia Zaballos–, carecía de las autorizaciones necesarias.
Los querellantes precisan que Biosca garantizaba una rentabilidad del 20 o 25% semanal y que, como los primeros inversores recibieron beneficios, se corrió la voz pasando rápidamente de 30 a 500 inversores.
Sin embargo, conforme al relato de los querellantes, con la llegada de la pandemia de coronavirus y el confinamiento se produjeron los primeros incumplimientos.
Biosca dejó de pagar a casi todos los inversores hasta que a finales de octubre de 2020 ‘Algoritmhmics Group’ dejó de hacer abono de cantidad alguna.
En su comparecencia judicial, Biosca ha culpado de estos impagos a los bancos. Según su versión, le bloquearon la conversión de ‘cripto’ a monedas porque movía grandes cantidades de dinero y eso le impidió seguir cumpliendo con los inversores.
La situación llegó a tal punto, ha contado, que en septiembre de 2020 viajó a Guinea para explorar la posibilidad de comprar un banco con el que hacer el canje, pero no lo consiguió, lo que propició el colapso del producto financiero. La citada asociación calcula que dejó 300 afectados y 100 millones de euros estafados.
Preguntado sobre el rol que habrían jugado en todo esto su mujer e hijo, señalados como presuntos captadores, Biosca ha aseverado al juez que no tienen conocimiento alguno sobre criptomonedas, negando de esta forma cualquier implicación de ellos dos en los hechos investigados.
En la misma línea se expresaron ambos en su declaración de la semana pasada, cuando afirmaron al instructor que desconocían a qué se dedicaba Biosca y que nunca participaron en sus negocios.
Biosca fue detenido el 6 de junio en la provincia de Málaga en relación con otro asunto y dos días después compareció por videoconferencia ante Pedraz. Debía haber declarado la semana pasada ante Abascal, pero tuvo que aplazarse a este jueves por circunstancias de la defensa.
