El PSOE ha criticado en la Diputación Permanente del Congreso que el PP, Vox y Ciudadanos exijan ahora explicaciones al Gobierno por la sentencia del Tribunal Constitucional contra el primer estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, cuando ellos mismos lo apoyaron en aquellos días de primavera de 2020.
Ese primer estado de alarma, que confinó a los españoles en sus domicilios para cortar el avance de la pandemia y que se fue prorrogando hasta junio de 2020, fue recurrido por Vox en el TC, que el pasado julio sentenció que el mecanismo adecuado debió haber sido el estado de excepción, que es más estricto pero que exige que el Congreso lo avale antes de aplicarse, a diferencia del estado de alarma, donde el Parlamento sólo interviene en las prórrogas.
Para la portavoz del PP, Cuca Gamarra, la sentencia del TC es un «rapapolvo» para el Gobierno de coalición y supone que el confinamiento fue ilegal y que se «pisotearon» los derechos y libertades de los españoles, lo que exige que el presidente Pedro Sánchez comparezca en el Pleno del Congreso para rendir cuentas.
Además, se ha hecho eco de informaciones que apuntaban a discrepancias en el seno del Gobierno sobre la aplicaciones de esta medida, según las cuales la entonces vicepresidenta Carmen Calvo prefería estado de excepción y que fue el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, quien apostó por el estado de alarma.
Por ello, el PP pide que también Bolaños, ahora ministro de la Presidencia, acuda a la Comisión Constitucional para explicar los pormenores de aquella decisión. «Que comparezcan y que asuman responsabilidades», ha sentenciado Gamarra.
En el debate de la Diputación Permanente, la exigencia de explicaciones ha sido apoyada por Vox, cuyo portavoz en la Comisión Constitucional, José María Sánchez, cree que el Gobierno debe comparecer «para pedir perdón de rodillas», aunque ya adelanta que su partido no le concedería ese perdón. Eso sí, Vox achaca «impericia» al PP y cuestiona que ahora sea beligerante con el estado de alarma cuando hace un año la respaldaba y no quiso recurrir en el TC.
A las peticiones se ha sumado la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, quien considera que el debate no debe ser el confinamiento, que su partido apoyó, sino «la chapuza legal» y la falta de legislación específica para situaciones de pandemia, algo de lo que sí debe rendir cuentas el Gobierno.
Para Ana Oramas, de Coalición Canaria, una año después «todo es pasado» y el Gobierno «hizo lo que tenía que hacer», por lo que no apoya la comparecencia del presidente, pero cree que «hay que aprender de los errores» y por eso sí apoya que el ministro Bolaños acuda al Congreso para repasar las «muchísimas cosas pendientes» y anunciar iniciativas para que no se repita una sentencia así.
Por contra, tanto el PSOE como Unidas Podemos han rechazado las comparecencias criticando la actitud de la oposición. El socialista Felipe Sicilia, se ha preguntado qué habrían dicho el PP y Vox si el Ejecutivo hubiese optado por el estado de excepción, que es mucho más duro, y su conclusión es que no habrían apoyado al Gobierno.
Sicilia les reprocha igualmente que pidan ahora explicaciones cuando ellos apoyaron el estado de alarma, lo exigían en los días previos, e incluso presidentes autonómicos del PP pedían prorrogarlo incluso después de junio. A su juicio, estas peticiones de comparecencia sólo buscan «desgastar al gobierno», aunque les suponga «hacer una cosa y la contraria».
Tampoco el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha apoyado las comparecencias admitiendo que «era difícil acertar con el instrumento» y subrayando que «se optó por el que se consideraba menos invasivo». «Pero, en todo caso, la primera prórroga se aprobó sin ningún voto en contra», ha recordado.
