La exdirectora general para el Servicio Público de Justicia Concepción López-Yuste se reincorpora como fiscal adscrita a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, después de solicitarlo al Ministerio de Justicia.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que López-Yuste se encontraba hasta la fecha en situación de servicios especiales en la carrera fiscal, pero ahora, con efecto a 5 de agosto, se reincorpora al Ministerio Público.
Su salida del departamento que ahora dirige Pilar Llop se produce tras el nombramiento de la magistrada María Àngels García Vidal.
Según refleja el portal de transparencia de la Administración General del Estado y recoge Europa Press, antes de trabajar para el Servicio Público de Justicia como directora general tuvo un primer destino, tras acceder a la Carrera Fiscal en 2004, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En 2005 fue nombrada asesora de la Dirección General de Relaciones de la Administración de Justicia y en 2008 pasó a ser asesora de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, desde la que participó en proyectos organizativos y de modernización del Ministerio de Justicia, y en diversos grupos de trabajo para el asesoramiento, análisis, elaboración y desarrollo de distintas iniciativas normativas.
Desde 2011 hasta 2013 ocupó plaza de fiscal en la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés. Y en 2015 fue designada por la fiscal general del Estado como fiscal de la Unidad de Apoyo para el desempeño de funciones relacionadas con la modernización y organización del Ministerio Fiscal, así como de relaciones institucionales con el Ministerio de Justicia y departamentos de Justicia de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Desde el cargo de directora general del Servicio Público de Justicia, López-Yuste se encargó de las relaciones con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, así como con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en aquellas materias que afectaban a la Administración de Justicia.
También fue responsable en esta última etapa de la dotación a los distintos órganos judiciales de los medios precisos para el desempeño de sus funciones, así como el ejercicio de competencias sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia.
