El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Fernando de Rosa Torner, registró el 8 de junio de 2020 en la Cámara Alta una pregunta al Gobierno sobre qué medidas va a tomar el Ministerio de Justicia para evitar que las plazas de jueces ofertadas en Cataluña queden desiertas.
De Rosa pedía respuesta oral en la Comisión de Justicia.
Ha transcurrido más de un año y todavía no la ha recibido, «habiendo empeorado la situación», según denuncia en Confilegal.
Se pregunta si «no será parte del pacto secreto entre el PSOE y ERC para desacreditar a la Justicia».
Fernando de Rosa, que es magistrado en servicios especiales, destaca «la necesidad de que se realice un apoyo total a la Justicia en Cataluña».
Señala que el Poder Judicial en España es «pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que se describe en el artículo 1 de la Constitución Española».
Además, indica que es una obligación del gobierno el garantizar que la Justicia se administre en todo el territorio nacional con las garantías necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Magna, que garantiza la Tutela Judicial Efectiva.
De Rosa recuerda que el proceso independentista en Cataluña ha convertido a esta Comunidad Autónoma en «el territorio con más movilidad judicial, por las constantes amenazas de los radicales independentistas a jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, funcionarios y a la administración judicial en general».
Expone que la consecuencia de esto es la “desertización” de la Administración de Justicia en Cataluña, «por la falta de protección de todos aquellos que prestan servicio en la Administración de Justicia» ante la situación de «acoso y amenazas» que «en ocasiones también sufren sus familiares en esta Comunidad Autónoma.»
Este magistrado en servicios especiales hace hincapié en que «este tipo de agresiones son impropias en una sociedad organizada dentro de un Estado de Derecho y revisten una marcada gravedad institucional cualquiera que sea su origen o motivación, en tanto pretenden afectar el normal desarrollo de la función de uno de los Poderes del Estado».
«El hecho de no protegerlos, podría ser interpretado por un atisbo del debilitamiento del Poder Judicial, por lo que es necesario dotar a los órganos judiciales de estabilidad y garantizar la profesionalidad, solidez e independencia del desempeño de la Administración de Justicia«, manifiesta.
De Rosa fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y el último vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) antes de que este puesto desapareciera por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013, y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces en la primavera de 2012.
En la misma línea, el pasado 17 de junio, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reclamó a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mejoras salariales por penosidad en ciertos destinos, entre ellos Cataluña y el Campo de Gibraltar.
