Lesmes pide a los partidos políticos que, ‘con patriotismo constitucional y generosidad’, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación del CGPJ
En su discurso en el solemne acto de apertura del año judicial ha reivindicado la independencia judicial como garantía de la democracia
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06/9/2021 12:45
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Actualizado: 06/9/2021 12:45
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El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha reivindicado hoy en el solemne acto de apertura del Año Judicial 2021/2022 «la independencia judicial como garantía de la democracia», y ha urgido «por el bien de todos» que el órgano de gobierno de los jueces «desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.
Como hizo el año pasado y en 2019, ha exhortado hoy, una vez más, a los poderes públicos concernidos a renovar la institución, en funciones desde diciembre de 2018, ya 1.007 días, sin mayores dilaciones.
El solemne acto, celebrado en el Tribunal Supremo, ha sido presidido por el Rey Felipe VI, con la asistencia protocolaria de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Foto: Poder Judicial
En la foto de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo con el Rey hay este año dos mujeres: Susana Polo, magistrada de la Sala de lo Penal, y María Luisa Segoviano, primera mujer que preside una Sala del Alto Tribunal, la de lo Social. Foto: Poder Judicial
En el solemne acto también ha intervenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, quien ha pedido no convertir la Justicia en un «campo de batalla política» y ha insistido en que esta debe estar únicamente al «servicio de la sociedad». Foto: Poder Judicial
El presidente del TS y del CGPJ ha denunciado la “anormal situación» en la que se encuentra a día de hoy el Consejo General del Poder Judicial «por causas que le son completamente ajenas”, en referencia a su no renovación.
Lesmes ha recordado que la Constitución establece que el presidente y los vocales de esta institución tengan un mandato de cinco años, “sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo”, por lo que el Congreso y el Senado, órganos a los que la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de hoy la renovación del CGPJ, están obligados a respetarlo.
“Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha apostillado.
Lesmes ha recordado que ha instado hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado a cumplir con su deber constitucional -reclamación que también ha sido hecha por el Pleno del Consejo otras tres veces durante el último año- sin que ninguno de esos llamamientos haya surtido efecto.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha explicado que la situación se ha visto «agravada» por la reciente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) 4/2021, que impide al Consejo realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones y que fue tramitada sin recabar la opinión de esta institución.
“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos”, ha declarado Lesmes, de manera “que la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.
El presidente del TS y del CGPJ considera que “unas y otras acciones” conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo como garante de la independencia judicial. Por ello, ha reivindicado a PP y PSOE que alcancen «en las próximas semanas» dicho acuerdo para la renovación.
Lesmes ha calificado de “insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad” la situación provocada por la no renovación del CGPJ y ha señalado que la imposibilidad de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales y en especial al Alto Tribunal, donde son ya once las vacantes por cubrir de una planta de 79 magistrados.
“Y esto está teniendo lugar en un contexto social y político de la máxima complejidad provocado -entre otras circunstancias- por los devastadores efectos de la pandemia», ha apuntado.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha afirmado que «asistimos a una situación que exige un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de manera concreta, demanda de todos los órganos jurisdiccionales -y también del Consejo General del Poder Judicial- una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles, para continuar con una eficaz defensa del Estado de Derecho”.
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Sobre la reivindicación de la independencia judicial, a la que se ha referido, no como un privilegio de los jueces, sino sobre todo como una garantía de los ciudadanos, considera que es hoy más necesaria que nunca por cuanto la labor de la Justicia se pone en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas, “cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.
Carlos Lesmes, presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, durante su intervención. Foto: Poder Judicial
El presidente del TS y del CGPJ ha puesto como ejemplo lo ocurrido cuando, con ocasión del indulto concedido a los condenados del ‘procés’, se llegó a contraponer, para explicar la medida, la concordia frente al resentimiento, “como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.
“Nada más alejado de la realidad», ha subrayado Lesmes en el acto, celebrado en el Tribunal Supremo.
«La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”, ha manifestado.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que la justicia “no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”, y ha reivindicado la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, «en defensa del orden constitucional y de la democracia».
LA INDEPENDENCIA, UN DEBER PROFESIONAL DEL JUEZ
En su discurso, Lesmes también ha señalado que dado el trascendental papel que el juez tiene en la aplicación de las normas, en el contexto de un ordenamiento jurídico extenso y eminentemente complejo, su independencia es un principio ineludible para garantizar el buen funcionamiento del Estado de Derecho, del sistema de libertades y de la propia democracia.
Ha indicado que en el marco de una sociedad democrática la función del juez consiste en aplicar soluciones razonables, socialmente comprensibles y argumentadas en Derecho a los conflictos de intereses que se someten a su consideración; labor que la complejidad y las imperfecciones naturales del sistema jurídico convierten en un ejercicio de especial dificultad, “sujeto a un escrutinio público que debe ser aceptado desde la perspectiva crítica, pero que también abre la puerta a posibles injerencias torticeras o inaceptables en el marco del debido proceso, o de su resultado, por las eventuales incomodidades que puede generar para los intereses en juego”.
“Esos elementos extraños que tratan de influir pueden ser de muy diversa índole y corresponde al ordenamiento jurídico y, en su caso, al órgano de gobierno de los jueces, pero también al propio juzgador, establecer las barreras necesarias para que no lleguen a interferir en la labor jurisdiccional”, ha manifestado.
Lesmes ha concluido afirmando que “actuar con independencia, incluso de las propias convicciones personales, constituye un deber profesional del juez y forma parte de los principios éticos que informan su actividad”.
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