La relación entre Paradores de Turismo y su plantilla está marcada por desencuentros. Algunos con antecedentes que se remontan décadas atrás, como evidencian los constantes y frustrados intentos de los sindicatos por conseguir la creación de un plan de pensiones para los cerca de 4.000 trabajadores que tiene la empresa pública.
El origen de la reivindicación se sitúa en 2004, cuando dirección y sindicatos iniciaron las conversaciones para constituir un fondo de pensiones como instrumento de ahorro e inversión a complementar con la pensión pública de jubilación correspondiente a la Seguridad Social.
Diecisiete años después, el plan sigue pendiente de desarrollo, para perjuicio de un personal con una edad media elevada y unas condiciones laborales objeto de denuncia, como los casos de empleados con más de 20 años de antigüedad con sueldos que no llegaban a los 1.000 euros.
Recientemente, la Audiencia Nacional ha condenado a Paradores Nacionales a indemnizar a toda la plantilla por los pluses, complementos y primas que dejaron de percibir durante el periodo en el que los establecimientos estuvieron cerrados a causa de la situación sanitaria.
Las fuentes consultadas denuncian esta inconcreción a la hora de abordar con garantías la cuestión y señalan una falta de interés de los responsables de Paradores por llevar a buen puerto el fondo de pensiones. Tampoco ayudan los sucesivos cambios en el comité directivo.
El último de ellos este verano, con el nombramiento como presidente de Pedro Saura, hasta ese momento secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en sustitución de Óscar López.
De hecho, los movimientos producidos en agosto en la estructura de la empresa también han involucrado a la dirección de recursos humanos, por la que han pasado cuatro personas en los dos últimos años. Los sindicatos critican que los sucesivos relevos al frente del cargo han obligado a reiniciar los contactos sobre el plan de pensiones una y otra vez.
Externalización del servicio tras años de negociaciones
No obstante, en la última reunión mantenida con el actual responsable del área se les trasladó una firme intención de la empresa para implementarlo de una vez por todas.
Pero dada la falta de personal interno con conocimiento en la materia, el organismo ha sacado a concurso un servicio de consultoría y asesoramiento jurídico para el diseño, elaboración e implantación del plan.
Por un precio máximo de 32.000 euros, la empresa adjudicataria prestará servicio en la negociación del mismo con la representación legal de los trabajadores en la empresa, el asesoramiento hasta la adjudicación y formalización del plan de pensiones y sus actualizaciones anuales.
Entre las empresas que optan al contrato se encuentra Novaster, la consultora de pensiones que ha estado gestionando este asunto en Paradores, según ha podido confirmar este medio.
Lo cierto es el luchado fondo de pensiones ha estado cerca de formalizarse varias veces.
La primera de ellas en 2010, cuando empresa y sindicatos acordaron incluirlo en el convenio. Ambas partes llegaron a un punto de entendimiento tras haber ampliado tres años antes, en 2008, la cobertura del plan con el fin de que abarcara a todo el personal, incluido el directivo.
En ese momento tan sólo restaba asimilar las categorías de empresa de Paradores a las definidas en el plan de pensiones de la Administración General del Estado (AGE).
Sin embargo, el cambio en el Gobierno de finales 2011 hizo que quedara aparcado, y la posterior aprobación del Real Decreto 20/2012 llevó a replantearlo desde el principio.
Tras numerosas actas firmadas por las dos partes, el segundo conato se produjo en 2018, nuevamente dentro de la negociación del marco laboral.
Pese a quedar constancia del compromiso de constituir un plan de pensiones a favor de los empleados, tampoco se llegó a cerrar, si bien los trabajadores mantienen acumulado desde entonces 1,7 millones de euros para la constitución del fondo. Esta cantidad es el resultado de la aportación del 0,25% de su salario anual.
