El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituye la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.
Impulsada por el Ministerio de Justicia, la ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado.
«Los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2», ha detallado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra ha subrayando que la ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado. «Con esta norma avanzamos en cohesión social y territorial, gracias a la cohesión digital».
Además, impulsa la transformación de la Justicia hacia un servicio público «cercano, eficaz y rápido», ha destacado, tras aludir a que este texto normativo está en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia.
La nueva ley de Eficiencia Digital reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios. Con este fin, se avanza en el Expediente Judicial Electrónico, ampliando servicios y funcionalidades a través de la Carpeta Justicia.
La norma refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y vistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros.
Así, contempla la regulación de los sistemas de identificación y firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judiciales llevados a cabo por videoconferencia.
La reforma tecnológica facilitará también la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.
Una de las principales novedades que contiene la ley es la transición de una tramitación orientada al documento a una tramitación orientada al dato. Esto permitirá, a través de un análisis estructurado de la multitud de datos que genera la Administración de Justicia, y a través de la cogobernanza del dato, realizar un óptimo diseño de políticas públicas.
El Anteproyecto introduce además numerosas medidas que responden a reivindicaciones de los operadores jurídicos y que contribuyen al bienestar de los trabajadores de la Justicia, como son el derecho a la desconexión digital para favorecer la conciliación familiar y laboral; la cita previa; el trabajo deslocalizado; o la reducción o eliminación de brechas geográficas, económicas, sociales, de discapacidad, de género, formativas o incluso propiamente digitales.
La norma fortalece la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.
Asimismo, recoge expresamente las relaciones e interoperabilidad de la Administración de Justicia con los sistemas de digitalización del país, como los sistemas de comunicación con el resto de administraciones públicas o los sistemas generales de servicios a los ciudadanos.
La ley favorece un modelo cogobernado de los sistemas de información, respetando la autonomía y competencias de los sistemas de las comunidades autónomas. «Se favorece así el diálogo tecnológico y la prestación del servicio en todo el territorio del Estado», ha asegurado la ministra de Justicia.
«Esta ley no deja a nadie atrás y salda una deuda pendiente con la Administración de Justicia y su eterna modernización, que nunca llegaba, así como con su transformación en un recurso universal en términos de accesibilidad. Asumimos con éxito los retos de la transformación digital en el marco de la Justicia española y avanzamos en calidad democrática», ha concluido la ministra.
