El Ministerio Fiscal solicita, un total de 37 años de prisión para Emilio Valerio, bodeguero, quien fuera teniente fiscal de la Comunidad de Madrid –expulsado de la carrera fiscal– y multas que ascienden a un total de 4.499.805,01 euros.
La Fiscalía también pide 4 años de cárcel para su esposa, María García García, como partícipe a título lucrativo.
La petición de la Comunidad Foral de Navarra, aunque sensiblemente inferior en años de cárcel para el exfiscal Valerio y para su esposa –7 años y nueve meses de prisión–, es sensiblemente superior, en multas: 15.894.696,86 euros (tres veces y media la cuantía defraudada en cada uno de los 15 delitos contra la Hacienda Pública).
Las peticiones son el resultado del supuesto fraude de IVA a la Hacienda Foral de Navarra cometido por Valerio entre los años 2013 y 2016, que asciende a 4.541.341,96 euros, más los intereses de demora.
El juicio tendrá lugar los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre próximos, a partir de las 9.30 de la mañana, en la Audiencia Provincial de Navarra, en Pamplona.
La pareja Valerio-García tiene que responder, cada uno individualmente, por un total de 15 supuestos delitos contra la Hacienda Pública, 15 presuntos delitos de falsedad documental, un delito de frustración de la ejecución, un supuesto delito de blanqueo de capitales y un supuesto delito de pertenencia a banda armada.
Cada una de sus empresas –Laderas de Montejurra, S.L.; La Vasconia Compañía de Cervezas, S.L.; Bandera de San Andrés, S.L.; Olaldea Compañía de Compercio, S.L.; Abbatia Compañía Cervecera del Norte, S.L.; Abauntza, S.L.; Talleres de Costura. S.L.; Izar & Alai, S.L.; y Compañía Agraria San Veremundo, S.L.– han sido imputadas también por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil oficial, delitos continuados de blanqueo de capitales, delitos de frustración de la ejecución y delitos de organización criminal.
La magistrada Fanconi Villar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estella/Lizarra, requirió a los dos acusados y a sus empresas, en julio de 2020, que prestaran fianza conjunta y solidaria por un total de 9.582.111,32 euros. «Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponerse», dice la magistrada en su auto.
Valerio fue expulsado de la carrera fiscal por cometer una falta del artículo 62.6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que tipifica como infracción muy grave “el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Fiscal, establecidas en el artículo 57 de esta Ley”.
Desde 2007 a 2013, cuando era teniente fiscal, creó un total de 16 sociedades relativas a la conversión en vino, aceite y cerveza de los frutos que se producen en las propiedades familiares sin solicitar en ningún momento la compatibilidad necesaria.
El expediente sancionador fue incoado tras las constantes denuncias del abogado y denunciante de corrupción Sebastián Gómez Marfil.
El Consejo Fiscal, presidido por la también entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuso su expulsión al ministro de Justicia del momento, Rafael Catalá en 2016; lo que éste ratificó dos meses después.
En 2018 la Audiencia Nacional confirmó la expulsión.
Valerio fue fiscal durante un total de 36 años.
