La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional retomará la iniciativa, propuesta la pasada legislatura, de que la Asamblea de Madrid no pueda proponer nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La dirigente madrileña ha hecho este anuncio en el Pleno de la Asamblea de Madrid, después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le afeara que el PP pactase «con el Gobierno socialista, con los comunistas, el reparto de los candidatos del Constitucional y del Tribunal de Cuentas».
«Ya sabíamos que la izquierda quería controlar a los jueces para sacar a los golpistas; ya sabíamos que la izquierda quería controlar el Tribunal de Cuentas… pero lo que no suponíamos es que el PP iba a entrar por ahí. Señora Díaz Ayuso, tiene sentado a su izquierda al muñidor de todo ese pacto», ha manifestado, refiriéndose al consejero de Presidencia y secretario de Justicia del PP, Enrique López.
Así, le ha preguntado a la presidenta que si desde su formación «respetan la separación de poderes», según recoge Europa Press.
Por su parte, Ayuso ha avanzado que retomará la propuesta y ha recalcado «que la amenaza a la independencia de la Justicia no está» en su Gobierno «sino en el palacio La Moncloa y en sus socios», que critican «a cada institución que les recuerda dónde están los límites y que son los primeros que después a los golpistas les conceden indultos demostrando que en este país hay ciudadanos de primera y de segunda ante la ley».
Además, ha criticado que este Poder Ejecutivo «que está sometiendo a la Fiscalía General del Estado, que amenaza a la Abogacía General y que amenaza también ahora a controlar el Poder Judicial mediante cambios legislativos», por lo que ha tenido que intervenir la Unión Europea.
«Nosotros los que vamos a hacer es impulsar la independencia en el nombramiento de jueces en el TSJM, desde aquí, y dotando a los profesionales de la Administración de Justicia de las mejores herramientas. Para eso, para ellos, en Recursos Humanos vamos a destinar 316 millones más en estos Presupuestos y también relanzando la Ciudad de la Justicia», ha zanjado.
La idea no es nueva, ya se planteó durante la anterior legislatura. De hecho, en abril de 2020, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio luz verde, por 13 votos a 8, al informe del anteproyecto de proposición de ley de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Esta reforma, presentada por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, buscaba eliminar la participación de los parlamentos autonómicos en el proceso de nombramiento de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes al turno autonómico.
El informe aprobado por el Pleno explicaba que la participación de las asambleas autonómicas en la designación del magistrado correspondiente al turno autonómico es limitada y no condiciona ni limita la decisión final, que corresponde adoptar al órgano de gobierno de los jueces en base a criterios de mérito y capacidad de los candidatos.
El CGPJ puede, y así lo ha hecho numerosas veces a lo largo de su historia, pedir una nueva terna a las asambleas autonómicas por no reunir ninguno de los candidatos el mérito y capacidad suficientes.
Asimismo, apuntaba que el anteproyecto expresa una determinada opción dentro del margen de configuración que es de exclusiva competencia del legislador orgánico del artículo 122.1 CE en punto a la determinación de la selección y composición de determinados órganos jurisdiccionales.
Ahora, se volverá a llevar el proyecto para su tramitación en la Asamblea y si obtiene el respaldo de la Cámara, se enviará al Congreso de los Diputados.
