El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde, por 13 votos a 8, al informe del anteproyecto de proposición de ley de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Esta reforma, presentada por la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto eliminar la participación de los parlamentos autonómicos en el proceso de nombramiento de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes al turno autonómico.
El dictamen del que ha sido ponente el vocal Juan Martínez Moya, contiene, según ha informado el Poder Judicial, una detallada explicación del origen de las dos cuestiones que, señala, deben tenerse en cuenta y sugerencias técnicas al anteproyecto.
Por un lado, aborda el acceso de juristas de reconocido prestigio a la Carrera Judicial y, por otro, el origen y sentido de las Salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia.
Asimismo, subraya que la elaboración de las ternas de candidatos por los parlamentos autonómicos no condiciona la potestad de nombramiento del Consejo, que se basa en criterios de mérito y capacidad
Respecto de la primera cuestión, explica que el legislador orgánico quiso establecer un mecanismo de acceso a la Carrera Judicial, dirigido a juristas de reconocido prestigio, que complementara a la oposición y a la superación de un curso teórico y práctico que conforman en sistema básico de ingreso.
El nombramiento de uno de cada tres magistrados de la Sala Civil y Penal de los TSJ entre juristas de reconocido prestigio constituye una especie de esa fórmula complementaria de acceso a la Carrera Judicial.
En cuanto a la segunda cuestión, recuerda que el origen mismo de los TSJ está relacionado con el reconocimiento por la Constitución a algunas comunidades autónomas de competencia para “la conservación, modificación y desarrollo” del derecho civil, foral o especial.
A las Salas de lo Civil y Penal se les atribuyó también, además de la competencia sobre el derecho civil propio, el enjuiciamiento de la responsabilidad penal y civil de los aforados (jueces y magistrados y fiscales, así como diputados y consejeros autonómicos).
En relación con todo ello está la singularidad de la composición de las Salas de lo Civil y Penal en cuanto al nombramiento de uno de cada tres magistrados que las integran por el turno autonómico.
El legislador, subraya el dictamen, quiso así integrar en dichas salas un especialista en derecho civil foral o especial; se trataría, además, de alguien ajeno a la Carrera Judicial para el enjuiciamiento de jueces y fiscales así como de diputados y consejeros autonómicos.
La participación de las asambleas en la designación es limitada
El informe aprobado por el Pleno explica también que la participación de las asambleas autonómicas en la designación del magistrado correspondiente al turno autonómico es limitada y no condiciona ni limita la decisión final, que corresponde adoptar al órgano de gobierno de los jueces en base a criterios de mérito y capacidad de los candidatos.
El CGPJ puede, y así lo ha hecho numerosas veces a lo largo de su historia, pedir una nueva terna a las asambleas autonómicas por no reunir ninguno de los candidatos el mérito y capacidad suficientes.
El informe afirma que el anteproyecto expresa una determinada opción dentro del margen de configuración que es de exclusiva competencia del legislador orgánico del artículo 122.1 CE en punto a la determinación de la selección y composición de determinados órganos jurisdiccionales.
Varios vocales han anunciado la formulación de votos particulares al informe.
Cuando se apruebe el anteproyecto de Ley en el Consejo de Gobierno, continuará la tramitación hasta que le dé luz verde como proyecto y luego se enviará a la Asamblea. De salir adelante, la Cámara regional lo remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados.
