La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este martes el debate sobre el futuro de las distintas diligencias informativas incoadas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del denominado caso Begoña Gómez.
Sin embargo, la reunión ha concluido sin un acuerdo sobre las propuestas de archivo formuladas por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, por lo que las deliberaciones continuarán en los próximos días.
El orden del día lo centraba las quejas sobre las palabras referidas a la Policía Nacional por parte del juez
Sobre la mesa figuraban varias quejas presentadas contra el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 41.
La de mayor repercusión institucional es la relacionada con las afirmaciones contenidas en el auto por el que el magistrado acordó enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte, resolución en la que apuntó la posibilidad de que los agentes de la Policía Nacional encargados de su protección pudieran facilitar una eventual fuga de la investigada.
Fue precisamente ese pronunciamiento el que llevó el pasado mes de junio a la Comisión Permanente a acordar, por mayoría, remitir el asunto al promotor de la Acción Disciplinaria para que valorara si la actuación del magistrado podía encajar en la infracción prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dicho precepto tipifica como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración» respecto de ciudadanos, instituciones, integrantes del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, graduados sociales, funcionarios de la Administración de Justicia o miembros de la Policía Judicial.
La decisión de iniciar ese examen disciplinario no estuvo exenta de controversia dentro del órgano de gobierno de los jueces.
El acuerdo salió adelante gracias al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, después de que la votación concluyera empatada. Cuatro vocales discreparon de la mayoría y formularon un voto particular.
El origen de la controversia
La actuación disciplinaria tiene su origen en el auto de 84 páginas dictado por Peinado, en el que el magistrado justificó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez afirmando que «no cabe duda» de que los agentes encargados de su escolta podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar en actuaciones destinadas a facilitar una eventual fuga que impidiera que la acusada permaneciera a disposición de la Justicia.
Esas afirmaciones provocaron una inmediata reacción del Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, trasladó a la presidenta del CGPJ una queja formal en la que calificó dichas manifestaciones como un grave cuestionamiento de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro sostuvo que las sospechas expresadas por el instructor no solo afectaban a los agentes encargados del dispositivo de protección, sino también a sus mandos, al sugerir que estos podrían impartir órdenes contrarias a la legalidad.
A juicio de Interior, se trataba de un hecho de «máxima gravedad», por lo que instó al órgano de gobierno de los jueces a adoptar las medidas que estimara oportunas dentro de sus competencias disciplinarias, al tiempo que reivindicó la actuación de los agentes y de la cadena de mando policial como plenamente ajustada a la legalidad.
Cinco quejas sobre la mesa
La Comisión Permanente no solo ha analizado la propuesta de archivo de esta diligencia informativa, impulsada inicialmente a raíz de la queja presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
También ha comenzado a estudiar otras cuatro diligencias abiertas tras denuncias formuladas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid junto con el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez; y un particular.
Todas ellas han sido objeto de examen por parte del promotor de la Acción Disciplinaria, que ha elevado a la Comisión Permanente sus respectivas propuestas de archivo. No obstante, el órgano de gobierno de los jueces no ha alcanzado por el momento una posición común sobre ninguna de ellas, de modo que la decisión definitiva queda aplazada hasta próximas reuniones.
