La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña pide a la Fiscalía que detenga una encuesta a escolares sobre usos lingüísticos
La presidenta de la AEB, Ana Losada (a la derecha), sostiene que "puede constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho".

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña pide a la Fiscalía que detenga una encuesta a escolares sobre usos lingüísticos

Denuncia que en esta encuesta del Defensor del Pueblo catalán "se pide a los alumnos fiscalizar la lengua usada por los profesores y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos"
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07/12/2021 14:36
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Actualizado: 14/2/2024 10:53
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La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), Ana Losada, ha solicitado hoy a la Fiscalía que evite la distribución entre los escolares catalanes de una encuesta del ‘Síndic de Greuges’ (Defensor del Pueblo catalán) en la que, según denuncia, se pide a los alumnos «fiscalizar la lengua usada por los profesores y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos».

La AEB explica que, según ha conocido, la Consejería de Educación catalana distribuirá dicha encuesta a los alumnos de 5º de Primaria (10-11 años) y de 3º de ESO (13-14 años).

Puede acceder a la encuesta pinchando aquí.

Losada sostiene que esta encuesta «puede constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho».

La AEB afirma que «carece de utilidad formativa, no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009), ni a la Ley de Estadística de Cataluña (1998) y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos».

Además, asegura que «se pretende llevar a cabo sin autorización del tutor legal». 

Losada añade que el sondeo «tampoco se atiene al Código de Buenas Prácticas del Sistema Estadístico Europeo (2017) y destaca que el ‘Síndic de Greuges’ no forma parte del Sistema Estadístico de Cataluña.

En dicha encuesta se pregunta a los escolares ¿Cuál es tu lengua? ¿Qué lenguas estudias en la escuela? ¿Qué lenguas estudias fuera de la escuela? ¿Qué lengua hablaste primero en casa? ¿Cuál es la lengua que hablas con tu padre y/o con tu madre? o ¿cuál es la lengua que utilizas habitualmente? en casa, con tu familia, con tus amigos, cuando lees, en las redes sociales o cuando ves series.

También se pregunta en qué lengua les habla el profesorado, dónde ha nacido, dónde han nacido sus padres, de qué nacionalidad son y qué nivel de estudios tienen.

En uno de los apartados, el alumno debe responder cuál es la lengua que utiliza en clase cada uno de los profesores, especificando por materias.

«Se trata de una actuación que no responde al interés superior del menor y que carga a éste con una tarea que no es útil para su formación, aprovechando la situación de subordinación del menor en el entorno escolar para conseguir que facilite información de naturaleza íntima y familiar sin el necesario consentimiento de sus representantes legales», expresa Losada en su escrito a la Fiscalía.

Esta asociación ha solicitado la intervención del Ministerio Fiscal invocando la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, las leyes educativas de 2006 y 2009 y la condición del menor como titular de libertad de ideología, de conciencia y de religión (LO 2/2006) y de libertad de pensamiento (Convención de los Derechos del Niño de 1989, en BOE 1990).

También ha presentado una denuncia por esta misma encuesta ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y ante la Alta Inspección Educativa del Ministerio de Educación. 

El pasado 4 de noviembre, el consejero de Educación catalán, Josep González Cambray, y la secretaria de Transformación Educativa, Núria Mora, informaron en una reunión telemática a más de 3.000 docentes del envío de esta encuesta a los centros.

Según explica la AEB, en las indicaciones y respuestas a dudas de los directores «se responde que no hay obligación de informar a las familias, que es una encuesta anónima, pero que constará en el código de centro, y que los resultados de la encuesta podrán ser consultados por el propio centro y se enviarán también al Departamento, además de al Síndic».

«Como es sabido, el régimen que se practica en las escuelas catalanas es el de que la única lengua de aprendizaje
y utilizada en la comunidad educativa es el catalán casi exclusivamente y el Departamento de Educación tiene intención de vigilar el uso que hacen los profesores de otras lenguas, especialmente del castellano, fuera de los ámbitos en los que está permitido (en sentido estricto, tan solo en clase de lengua castellana y en aquellas otras materias que excepcionalmente, y tan solo en algunos centros educativos, se imparten en castellano)», manifiesta Losada, y dice que así se pone de manifiesto en un vídeo del Departamento y en el Plan que pretende implementar
el Departamento de Educación «para controlar los usos lingüísticos».

A la AEB le da la impresión de que la encuesta «tiene una clara naturaleza política que pretende cubrir un ámbito para el que la Administración no tiene competencia». «Olvida el ‘Síndic’ sus funciones y se pone al servicio de la causa de la inmersión lingüística obligatoria que defiende el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña», señala en este sentido, y destaca que «la actuación de la Administración ha sido declarada contraria al ordenamiento jurídico, tal como han declarado reiteradamente los Tribunales porque el modelo en Cataluña es de conjunciónlingüística que ha de garantizar el uso del castellano y del catalán como lenguas vehiculares de enseñanza».

Asimismo, afirma que el ‘Síndíc de Greuges’ «es contrario al modelo que ha establecido el orden jurisdiccional, tal como se pone de manifiesto en un comunicado que publicó el 26 de noviembre de 2021 con motivo de la sentencia de 16 de diciembre de 2020, confirmada por el Tribunal Supremo.

Por todo ello, pide a la Fiscalía Superior de Cataluña que lleve a cabo las actuaciones que sean necesarias para evitar la distribución de esta encuesta «con el fin de garantizar la plena efectividad de los derechos de los menores».