El presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, le dijo ayer al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que para que los fiscales asuman la instrucción que se plantea en el borrador de Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborado en la pasada legislatura, hay que «blindarlos con la misma independencia que tienen hoy los jueces de instrucción».
Para ello considera imprescindible que se reforme el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Los fiscales instructores deben llevar la causa desde el principio hasta el final sin que puedan ser apartados por el superior jerárquico», añadió.
Pallarés hizo esta reivindicación tras conocer que Bolaños tiene intención de llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) que decayó en la pasada legislatura por la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio.
La iniciativa legislativa contempla que los fiscales asuman la instrucción de las causas. Actualmente esa competencia es de los jueces de insrtrucción.
Asimismo, el presidente de la APIF reivindicó ante Bolaños que «la responsabilidad disciplinaria de los fiscales acabe en el fiscal general del Estado, desapoderando de toda competencia, tanto para sancionar de forma directa como para resolver la alzada, al Ministerio de Justicia. Quien tendría la última palabra sería el Tribunal Supremo».
«De esa forma se dibuja un Ministerio Fiscal despegado del Ejecutivo», añadió.
REFERENCIA AL CASO DE LA PAREJA DE DÍAZ AYUSO
Durante su reunión con el triministro, Pallarés, al igual que hizo el día anterior la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, se quejó de las actuaciones del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque comprometen «la autonomía y neutralidad que debe presidir todos sus actos como representante máximo de la institución».
La queja expresada a Bolaños fue a cuenta de la publicación, por la Fiscalía Provincial, de las comunicaciones con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
También solicito que, teniendo en cuenta la reconversión de plazas de tercera en segunda, «el cambio debe llevar aparejado que el mismo número se provea de ascensos en la carrera, pasando los abogados fiscales afectados a fiscales».
Por último, la APIF retieró la necesidad de volver a las negociaciones «para situar a la Justicia en el siglo XXI así como de las legítimas mejoras retributivas de jueces y fiscales».
«El tono y el diálogo mantenido ha sido cordial y creemos que sincero, si bien a estas palabras deberán seguir, en consecuencia, los hechos», concluyó Pallarés.
