El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) elaborada bajo el mandato de sus antecesores, Juan Carlos Campo y Pilar Llop, entre el mes de junio próximo o septiembre, a más tardar.
Así se lo expuso Bolaños a la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, y a Rosa Frías, miembro de la Comisión Ejecutiva, en la reunión que mantuvieron ayer en la sede del Ministerio de Justicia.
Para ello, explicó que había comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que entregara el informe sobre el proyecto de LECRim, sobre el que el órgano de gobierno de los jueces tenía que haberse pronunciado en 2021.
Una vez que se cumpla esa paso será remitido al Consejo de Estado para que haga lo propio, con lo que se podría proceder a que el Consejo de Ministros lo aprobara y comenzara su senda parlamentaria.
Este proyecto decayó con la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio pasado.
El ministro también planteó la posibilidad de elaborar una reforma simultánea del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y un estudio de la plantilla de fiscales.
BLINDAR LA INDEPENDENCIA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Durante la reunión con Bolaños, realizada a petición del ministro por ser la AF la mayoritaria de las tres existentes, la presidenta Dexeus, por su parte, subrayó la necesidad de blindar la independencia del fiscal general del Estado, la cual está en tela de juicio en estos días.
Sin esa independencia la asunción de la instrucción de los delitos por los fiscales –que hoy realizan los jueces de instrucción– establecida en el proyecto de LECRim, quedaría en entredicho.
Máxime cuando, como ocurre en estos tiempos, el actual fiscal general del Estado es percibido como una correa de transmisión del Ejecutivo.
Hubo un claro recuerdo, durante la conversación, de aquella respuesta que le dio Pedro Sánchez al periodista de RNE, Íñigo Alfonso: “La Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende?. Pues ya está”.
La AF ha pedido su dimisión pública repetidas veces al actual titular, Álvaro García Ortiz.
Durante la reunión, Dexeus, que mostró su preocupación por la actual situación de la Administración de Justicia, puso sobre la mesa 11 reivindicaciones para mejorar el servicio público de la carrera fiscal.
Fueron: Convocatoria de la mesa de retribuciones pactada, ampliación de plantilla, plazas en expectativa de destino, tasa de reposición por jubilación, derogación del artículo 324 de la LECRim, justicia digital, un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar la independencia del fiscal general del Estado, autonomía presupuestaria y reglamentaria, un régimen disciplinario, que la Fiscalía General del Estado asuma la formación de los fiscales y mejoras de las dietas de formación.
