Al portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, no le queda la menor duda en lo que a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se refiere: «Esto es una cuestión de poder. De tener jueces sumisos. La situación es insostenible».
Pero lo más grave, según Oliva, es que «con el bloqueo al CGPJ los políticos están proyectando la idea a la ciudadanía de que pueden influir en nuestras sentencias, de que nos pueden manipular y de que, en definitiva, no somos independientes. Están distorsionando la imagen de la justicia a todos los niveles porque no se corresponde con la realidad. Jamás ha habido una carrera judicial, hombres y mujeres, tan preparados y tan independientes como en nuestro tiempo«.
«Tanto PSOE como PP nos están perjudicando de forma muy grave con su falta de acción«, subraya.
A juicio del portavoz de la AJFV «el sistema actual de elección de los 12 vocales jueces por el Parlamento ha sido un fracaso. Porque se ha profundizado en la politización de nuestro órgano de autogobierno. Ha degenerado hasta convertirse en un intercambio de cromos, con la ayuda del PNV y de la desaparecida Convergencia i Unió».
Los cinco años. y cuatro meses que lleva este CGPJ prolongado es un tiempo perdido. «Es un tiempo perdido que podía haber sido empleado en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces elijamos a nuestros representantes como ya se hizo en 1980».
BOLAÑOS JAMÁS HA QUERIDO LA REFORMA, SEGÚN OLIVA
Oliva es muy consciente de que el PSOE jamás ha querido optar por esta vía. «El ministro Bolaños declaró en su momento que esta reforma nunca iba a ocurrir mientras ellos gobernaran. El comisario de Justicia Didier Reynders le apremió para llegar a una acuerdo con el PP, sí, y también para modificar la LOPJ. Para que España emprendiera el mismo camino que el resto de las democracias que en la Unión Europea tienen un Consejo como el nuestro, a excepción de Polonia».
El portavoz de la AJFV, por último, llama la atención sobre las consecuencias de la última reforma de la LOPJ, de marzo de 2021, que impide a un Consejo en funciones, como este, hacer ningún nombramiento discrecional.
«Esto ha creado una situación sin precedente alguno en nuestra historia. El Consejo que finalmente sea elegido tendrá que iniciar el proceso de cobertura de las 25 vacantes del Tribunal Supremo –el 30 % de la plantilla– con lo que podrá ocurrir que entren magistrados de 40 o 45 años, con lo que solaparán la jurisprudencia de los próximos 25 años. Es un tema bastante delicado», señala.
Oliva, por último, reconoce la misma hartura que el resto de sus colegas de las tres asociaciones judiciales, pero considera que la única solución pasa por reformar, primero, la LOPJ, para permitir que los 5.500 miembros de la carrera judicial elijan por voto secreto y directo a los 12 vocales, y después por hacer la renovación. No hay otra.
