La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha decidido por unanimidad no participar en el grupo de trabajo constituido el pasado 10 de abril con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que se iba a estudiar un proyecto de ley de un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Por lo que en la carta anuncian que no participarán en la reunión del 7 de mayo.
La APIF se refiere en su misiva a «la última actuación del fiscal general del Estado (en la que, al hilo de un acto de toma de posesión de fiscales», asumió la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La asociación, en concreto, lamenta que García Ortiz no aclarara este lunes «si la orden partió de él mismo», lo que a su juicio «resulta insuficiente».
La APIF explica en un comunicado que la orden dada por la Teniente del Tribunal Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto conocido como la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid y un particular (pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid) contra la Fiscalía Provincial de Madrid y un fiscal de ésta» a su entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España.
No podemos compartir que en la propia FGE, como han informado medios de comunicación, se haya producido, a instancia de la Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, una reunión de los fiscales que están llevando el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con los fiscales que están en posición de querellados en dicho procedimiento.
«Esto es un comportamiento anómalo que no respeta la debida independencia de los fiscales del caso. En la primera reunión del grupo de trabajo creado en la Fiscalía General del Estado, por parte de nuestra asociación, indicamos que un nuevo Estatuto Fiscal debía contemplar una independencia absoluta en un doble sentido», recuerda.
El primero, apunta la APIF, del Gobierno, ya que la Constitución Española sitúa a los fiscales «dentro del Poder Judicial (con autonomía funcional)».
Segundo, añade, que «debía blindarse al fiscal del caso concreto, revistiéndole de total independencia para que no pudiera se inquietado en su labor investigadora, debiendo ser independiente hasta de la propia institución».
«Este último acontecimiento, llevado a cabo por el fiscal general, pone de manifiesto, claramente, su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías para el ciudadano, la instrucción de las causas penales», continúa.
A juicio de la asociación, «la situación provocada ahora se suma a otros comportamientos del fiscal general, como haber sido condenado por desviación de poder», lo que hace que, para la APIF, «la persona que encarna el puesto no sea idónea para ello».
