Por 16 votos a favor, 13 en contra, 2 a favor de que investigue un Juzgado de Instrucción y 1 abstención, la Junta de Fiscales de Sala finalmente ha apoyado la postura de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, de archivar la querella que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso por la supuesta filtración de datos sobre su causa.
A favor de archivar la querella han votado María Ángeles Sánchez-Conde, Pilar Barrero Juan, Joaquín Sánchez-Covisa Villa, Jesús Alonso Cristóbal, Esmeralda Rasillo López, María Antonia Sanz Gaite, Teresa Peramato Martín, Manuel Martín-Granizo Santamaría, Luis Manuel López Sanz-Aranguez, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, Beatriz Sánchez Álvarez, Luis del Río Montesdeoca, Ana Isabel García León, Dolores Delgado García, Ángel Javier Muñoz Marín y Miguel Ángel Aguilar García.
En contra se han pronunciado Pilar Fernández Valcarce, Javier Zaragoza Aguado, José Ramón Noreña Salto, Antonio Narváez Rodríguez, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Rosa Ana Morán Martínez, Jaime Moreno Verdejo, José Miguel de la Rosa Cortina, Fidel Cadena Serrano, José Javier Huete Nogueras, María del Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno Carrasco y Manuel Moix Blázquez.
Fernando Rodríguez Rey y María José Segarra Crespo se han pronunciado a favor de que la investigación sea llevada a cabo por un juzgado de instrucción en vez de por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y Pedro José Crespo Barquero se ha abstenido.
La querella, presentada por el empresario Alberto González Amador, acusaba a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid , y a Julián Salto, fiscal de delitos económicos, del delito de revelación de secretos.
La negativa de la fiscal del caso, María de la O Silva, a archivar la querella y a seguir practicando una serie de diligencias de investigación para precisar si tanto Rodríguez como Salto podrían haber incurrido en el mencionado delito, en contra de la postura de la número 2 de la Fiscalía, fue lo que provocó este «conclave» que ha durado mañana y tarde, invocando para ello el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que se produjera esta la Junta de Fiscales de Sala.
Este artículo dice que el fiscal que «recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente», se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar una Junta de Fiscales de Sala.
La decisión adoptada no vincula a la teniente fiscal pero el desenlace supone un espaldarazo a la decisión inicial de Sánchez Conde.
Sin embargo, esto no quiere decir que la querella vaya a ser rechazada. La última palabra la tiene la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En el caso de Tsunami Democràtic siguió la misma senda que en este. La teniente fiscal adoptó una postura de no imputar a Carles Puigdemont por falta de pruebas pero la Sala de lo Penal admitió a trámite la querella.
