La Fiscalía Europea tiene ahora que decidir lo que hay detrás de esa conversación del empresario proindependentista catalán, David Madí, en la que relató a otro empresario que el reparto de los 140.000 millones de euros de la UE, que controlaba Iván Redondo, iba a ser una "merienda de negros", o archivar.
Luz verde para que el juez envíe a la Fiscalía Europea el audio en el que se habla de la «merienda de negros» del reparto de los 140.000 millones € de la UE
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28/12/2021 19:06
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Actualizado: 28/12/2021 20:00
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El tribunal de la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha tumbado los recursos que había interpuesto David Madí Cendrós –empresario catalán, exdirigente de CDC y uno de los integrantes del llamado “estado mayor” de Carles Puigdemont– contra la decisión del magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona de enviar a la Fiscalía Europea la conversación telefónica que mantuvo con otro empresario Joan Ferrán Oliva.
En la misma hablaron del reparto de los 140.000 millones de euros que la UE iba a entregar a España y que Madí calificó de «merienda de negros» por su reparto.
La conversación fue grabada el 20 de octubre de 2020 por la Guardia Civil en el marco del llamado caso Voloh en el que Madí está siendo investigado.
En la misma Madí le cuenta a Ferrán que acababa de reunirse con Iván Redondo, entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional.
Desde Moncloa controlaba los departmentos que asistían al presidente, Pedro Sánchez, como la Oficina Económica del Presidente (Dirección Genral de Asuntos Económicos) responsable de la gestión de la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación Europeo.
Son un total de 140.000 millones de euros, de los que 70.000 millones serán a fondo perdido y otra cuantía similar en créditos. El Gobierno de Sánchez decidió que en el período 2021-2023 gestionará los 70.000 millones de ayudas que no hay que devolver.
«Hay que establecer un canal para entrar… y me vi… con Foment… formo parte de Foment… y tuvimos una reunión… de pequeño comité… con Iván Redondo… esto será una merienda de negros… son ciento cuarenta mil millones», se oye decir a Madí en la conversación grabada.
Tanto el abogado defensor del empresario catalán como la propia Fiscalía combatieron la decisión del magistrado de mandar el audio a la Fiscalía Europea, argumentando que el asunto carecía de base suficiente para su investigación.
Sobre esto disienten los tres miembros del tribunal de apelación, María Roser Garriga Queralt, Luis Belestá Segura y Miguel Ángel Ogando Delgado, quienes, además, han desestimado la argumentación del abogado de Madí de que el tribunal no era competente para mandar la grabación a la Fiscalía Europea porque la comunicación de la «notitia criminis» es competencia de la Fiscalía General del Estado.
«En los autos referidos –del magistrado instructor– se exponen sospechar fundadas que justifican las medidas cautelares acordadas, que, a su vez, traen causa de la presunta comisión de ilícitos referentes a la corrupción político-económica», dicen los tres magistrados, coincidiendo con Aguirre.
Supuestos desvíos de «caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros, y más concretamente, de subvenciones en los que participaría David Madí junto con otros investigados».
El magistrado instructor Aguirre consideró que la cita pudo servir para pactar de forma opaca la asignación de los fondos de la UE.
De ahí que dictara el 28 de julio pasado un auto para dejar esta parte de la investigación en manos de la Fiscalía Europea, como órgano competente en la investigación de la «defraudación de subvenciones y ayudas europeas» y de cualquier delito contra los intereses económicos de la Hacienda Pública. Que recurrió el empresario catalán.
Lo que ha sido ahora tumbado por la Audiencia.
Las acusaciones populares en el caso, la Associació Barcelona amb la Selecció, Cataluña Suma por España (que engloa a Espanya i Catalán, Convivencia Cívica Catalana, Españoles de a Pie y Foro España), Associació de Juristes Constitucionalistes per las Llibertats, Impulso Ciudadano y Societat Civil Catalana Associació Cívica i Cultural y la Associación Profesional Élite Taxi, representadas por los abogados constitucionalistas de Cataluña José María Fuster-Fabra y por Miguel Capuz, impugnaron los recursos de apelación de Madí.
«La Fiscalía no tiene una postura uniforme en este asunto. Muchos fiscales nos han hecho llegar, a título particular, su apoyo y su incomprensión ante la postura adoptada por la Fiscalía en este caso», explica Fuster-Fabra.
La pelota queda ahora en el tejado de la Fiscalía Europea, que tendrá que decidir si incoa una investigación, y decide llegar hasta el fin del asunto, o si, por el contrario, archiva el asunto porque carece de base suficiente para investigarlo.
Mandí actualmente es presidente de la empersa Aigües de Catalunya.
Fue uno de los 21 detenidos en octubre de 2020 por el “caso Voloh” sobre la financiación ilegal del independentismo. Quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, pese a que se negó a declarar.
Las pesquisas realizadas por el magistrado han destapado que Madí, imputado de forma indiciaria por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, desórdenes públicos y blanqueo de capitales, también está siendo investigado por la Agencia Tributaria, entre otras cosas, por la emisión de facturas falsas
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