La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, se ha adherido a la demanda interpuesta por la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF) contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Justicia y las 10 comunidades autónomas con competencia en justicia transferida por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal.
Lo ha hecho «en coherencia con la postura mantenida hasta la fecha en la Comisión de riesgos laborales, alegaciones de la AF que constaban incorporadas al pleito, y que en esencia consisten en la necesidad de que exista un plan de prevención de riesgos laborales autónomo para los fiscales y que contemple sus particularidades, la exigencia de que se constituya un Servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal con presupuesto autónomo y la necesidad de que se evalúen las cargas de trabajo y los riesgos de los fiscales, incluyendo los psicosociales», según ha explicado hoy la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
La Audiencia Nacional acogió ayer la vista por la demanda. Al no haber avenencia en el acto de conciliación, se celebró la vista oral.
Los motivos que han llevado a la Asociación de Fiscales a esta postura son «que no existe un plan de prevención de riesgos laborales para los fiscales, que se han añadido los postulados de la AF a la demanda interpuesta, que la Comisión de riesgos laborales y la Fiscalía General del Estado recientemente se han alineado con la posición del Ministerio de Justicia de integrar la seguridad y salud de los fiscales en el Ministerio, y porque existía un gran riesgo de desestimación de la demanda si no se adhería la AF, mayoritaria en la Carrera Fiscal, al carecer los demandantes de una mínima representatividad, pues su asociación tiene un número reducido de asociados».
También, porque entiende que «es de interés para todos los fiscales dejar claro que existe una ausencia total de planificación de la seguridad y salud en el trabajo, frente a la postura defendida por la Unión Progresista de Fiscales (que se adhirió a los demandados) que antepone sus intereses a los generales de la Carrera y que no ha defendido la seguridad y salud de los fiscales».
