La Audiencia Nacional (AN) acogerá mañana, 19 de enero, la vista de la demanda de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Justicia y las 10 comunidades autónomas con competencia en justicia transferida por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal.
La Sala de lo Social ha citado a las partes a las 10.00 en la sede de la madrileña calle Goya, número 14 para celebrar el acto de conciliación y de no haber avenencia, el mismo día seguidamente el juicio.
Asistirán dos abogados del Estado, 10 letrados autonómicos y tres abogados por las asociaciones de fiscales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) se personó en septiembre en el procedimiento como interesada.
El tribunal ha citado al fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral Félix Pantoja (o persona que le sustituya) para que comparezca en el juicio en caso de que se celebre.
La APIF presentó esta demanda el pasado 10 de noviembre.
En ella expone que la Carrera Fiscal está integrada por algo más de 2.500 fiscales y pide a la Audiencia Nacional que se pronuncie sobre «la ausencia de actuaciones de las administraciones demandadas que determinan la desprotección del conjunto de los fiscales en relación a los riesgos que asumen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, contraviniéndose así la normativa establecida al efecto y, además, habiéndose prolongado esta situación de manera intolerable a lo largo de 26 años».
La APIF señala que el Ministerio Fiscal es «el órgano de gobierno titular de competencias sobre la dirección del trabajo de los fiscales, de la asignación del mismo, de la ordenación de las vacaciones, del establecimiento de criterios para la promoción, para la parte sustantiva del proceso de los nombramientos, la formación, la potestad disciplinaria, etc., y por tanto, responsable de los riesgos laborales entre los que se encuentran los psicosociales».
Añade que el Ministerio de Justicia es «responsable del abono de retribuciones, de la parte formal del proceso de nombramientos y junto a las Comunidades Autónomas titular de los centros de trabajo y medios materiales, por tanto, también responsable de los riesgos laborales de los fiscales», y que las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, que se incluyen como demandadas, «tienen, asimismo, obligaciones en relación la seguridad en el trabajo de los fiscales, en concreto en relación con aquellos riesgos derivados de las instalaciones de su titularidad en la que se prestan los servicios de la Fiscalía».
El objeto de esta demanda, según manifiesta la APIF, es «obtener un pronunciamiento judicial que declare que los fiscales carecen en la fecha de interposición de la misma, de protección real y efectiva en materia de riesgos laborales por parte de las administraciones demandadas, incluyendo a los funcionarios enfermos y en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, y mayores; y, en especial, de la más mínima protección en relación con los riesgos laborales de carácter psicosocial», y se dote a la Carrera Fiscal «de una cobertura general de prevención de riesgos laborales, como todos los trabajadores».
La AN requirió a las partes demandadas que aportaran con al menos 15 días de antelación al juicio los siguientes documentos: Plan de prevención de riesgos laborales o certificación de carencia del mismo; certificación de todas las actas de la Comisión de riesgos laborales que dirige Félix Pantoja que se hayan emitido desde el 1 de enero de 2018; y que se aporten por las demandadas certificación de todas las actas de inspección que se hayan recibido de la Inspección de Trabajo desde el 1 de enero de 2016 con ocasión de inspecciones respecto del Ministerio Fiscal.
