El presidente del Centro Español de Mediación (CEM), Rafael Catalá, ha reiterado la importancia de que en 2022 salga adelante la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, que prevé la introducción de la mediación como requisito previo para acceder a la vía judicial.
En palabras de Catalá, la norma impulsada desde el Ministerio de Justicia “puede ser clave para la recuperación de la economía y el buen funcionamiento del sistema judicial en un momento como el actual”, marcado por el crecimiento exponencial de la litigiosidad entre particulares y empresas como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Catalá ha realizado estas declaraciones en el marco del Día Europeo de la Mediación que se celebra este 21 de enero en conmemoración del primer texto comunitario sobre este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, aprobado en 1998.
Según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la media de resolución de casos de los juzgados mercantiles se sitúa por encima de los cuatro años.
Se prevé que la situación empeore conforme pasen los meses y se judicialicen miles de reclamaciones relacionadas con la crisis sanitaria, como impagos de alquileres de locales comerciales o cancelaciones de vuelos.
“Por ello es fundamental que se proporcione a los ciudadanos, y en particular a los empresarios, una herramienta para ponerse de acuerdo antes de llegar a los tribunales”, apunta Catalá.
«A pesar de los notables avances legislativos, la mediación civil y mercantil sigue siendo un procedimiento minoritario en nuestro país y en el resto de los estados miembros de la UE»
El máximo representante del CEM destaca que la mediación es, desde hace décadas, “la gran apuesta de la Unión Europea para cumplir su objetivo de optimizar el Estado de Derecho y garantizar un mejor acceso a la Administración de Justicia”.
No en vano, según refleja un estudio de ADR Center y la Comisión Europea, las empresas que recurren a este instrumento basado en la negociación suelen resolver sus controversias en poco más de dos meses y presentan unas tasas de éxito cercanas al 80%.
Sin embargo, a pesar de estas cifras y de los notables avances legislativos, la mediación civil y mercantil sigue siendo un procedimiento minoritario en nuestro país y en el resto de estados miembros de la UE.
Así lo revela un informe realizado en 2016 por el Parlamento Europeo, según el cual solo el 1% de las empresas que operan en territorio comunitario han recurrido alguna vez a un procedimiento de negociación para solventar sus disputas.
“Muchos empresarios desconocen su existencia y, en numerosas ocasiones, la confunden con otras alternativas extrajudiciales, como el arbitraje o la conciliación”, añade Catalá quien se muestra convencido de que “ha llegado el momento de apostar por la cultura del pacto”.
El Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, que contempla la mediación previa junto a otros métodos adecuados de resolución de conflictos (MASC), forma parte del plan del Gobierno para modernizar el sistema judicial.
La reforma, que cuenta con el respaldo de la mayoría de asociaciones e instituciones profesionales de ámbito jurídico, fue aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y se prevé que llegue a las Cortes este año en forma de iniciativa legislativa.
