López Madrid y Villarejo serán juzgados en la Audiencia Nacional por cohecho
El empresario Javier López Madrid, y el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, finalmente serán juzgados por la Audiencia Nacional por un supuesto delito de cohecho, que habría consistido en la contratación, por López Madrid, del funcionario público Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto.
Es la consecuencia directa del auto del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, formado por los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile que, en funciones de apelación, han desestimado el recurso de López Madrid.
La doctora Pinto solicita, en esta causa, que el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid sean condenados a 6 años de prisión cada uno por un delito de cohecho.
En el recurso interpuesto por el abogado de López solicitaba el archivo de la causa contra su persona o, en su defecto, la continuación de la investigación.
El magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de ese órgano judicial, decidió, el 27 de julio de 2021, cerrar la fase de instrucción y abrir la puerta para la celebración del juicio, mediante la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.
López Madrid lo recurrió. Esta ha sido la respuesta.
En el auto 49/2022, que tiene fecha de 7 de febrero –muy duro–, los tres magistrados recuerdan a López Madrid que «lo que no puede pretender con éxito una parte investigada es imponer el sobreseimiento o la continuación de la fase de instrucción, mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación, al Instructor, en contra del criterio de éste».
Y le subrayan que García-Castellón ya le explicó, en el auto desestimatorio de su recurso de reforma, que lo que se investiga en la causa no es «el supuesto acoso que experimentó María Elisa Pinto sino que los hechos objeto de la instrucción se ciñen a la existencia de un delito de cohecho».
Lo que se ha investigado hasta ahora, le repiten, es la «existencia de indicios de la contratación de los servicios de un Comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo en el momento de producción de los hechos» y «si se ha llevado a cabo por Francisco Javier López Madrid un delito de cohecho activo».
Este tipo de cohecho es el que realiza un particular a cambio de un acto contrario a los deberes de la autoridad o funcionario público, quien recibe la dádiva o compensación.
La continuación del procedimiento, dando por cerrada la fase de investigación, «resulta acertada y correcta, a criterio del tribunal».
El objeto de esta causa tiene por objeto determinar si López Madrid contrató y pagó al comisario Villarejo en septiembre de 2013 para acosar a la doctora Pinto y le pagó por ello. Algo que Villarejo tenía prohibido como funcionario público.
EN OTRA CAUSA LA DOCTORA PINTO PIDE 22 AÑOS DE CÁRCEL PARA LÓPEZ MADRID Y VILLAREJO
Paralelamente a este asunto, en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid la magistrada Belén Sánchez también ha abierto la fase intermedia que dará paso a otro juicio contra López Madrid y Villarejo.
Al empresario, Ana Blanco, la abogada de Elisa Pinto le imputa un delito continuado de amenazas, otro delito continuado contra la Administración de Justicia, un delito de lesiones, un delito de cohecho y otro delito de lesiones agravadas contra su cliente.
Al comisario le añade un quinto delito: homicidio imprudente.
La Asociación Clara Campoamor, que ejerce la accion popular, pide 17 años de prisión para López Madrid y Villarejo.
En el auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado, el 1210/2020 de fecha 28 de agosto, la magistrada Sánchez escribe que «ha quedado indiciariamiente acreditado» que desde finales de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2014 Elisa Pinto «recibió llamadas y mensajes de Francisco Javier López Madrid o de personas a las que éste encargó que realizaran dichas llamadas o enviaran mensajes a aquellas desde diferentes teléfonos».
En dichas llamadas amenazaron a la doctora con mensajes del siguiente tenor: «vamos pinchar a tus hijos«, «te vamos a matar«, «eres una puta… lo vas a a pagar caro por hacerte la lista», «no coges el teléfono pues te mandaremos un mensaje con un cuchillo para que lo entiendas, esto no se va a acabar«, «sabes que el final de todo esto será que te matemos, esto solo puede acabar acabando contigo», «eres una puta loca que te has creído que te vas a salir con la tuya», «tus hijos están seguros?», «te vamos a matar, has hablado demasiado, como no sabes callarte solita te callaremos nosotros» y «vas a morir zorra, tus hijos van a morir, puta loca suicida, baja a misa para que te veamos«.
La magistrada Sánchez Hernández relata también cómo Villarejo supuestamente apuñaló a Elisa Pinto el 10 de abril de 2014.
«El día 10 de abril de 2014, María Elisa Pinto Romero se encontraba en el interior de su vehículo Ssanyong Rodius 2151FKK en la Avenida de Pio XII de Madrid, en compañía de su hijo menor de diez años de edad (…), cuando un varón identificado como José Manuel Villarejo Pérez ha aprovechado que Elisa Pinto ha bajado del coche y se ha acercado a la misma apuñalándola en la zona abdominal, huyendo del lugar diciéndole ‘López Madrid quiere que cierres la boca’», relata la magistrada en su auto.
UNA TERCERA CAUSA, ESTA DE LÓPEZ MADRID CONTRA LA DOCTORA PINTO, PERMANECE ABIERTA DESDE HACE OCHO AÑOS
Por otra parte, en el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid, cuya titular es la magistrada María de la Concepción Jerez, continúa «viva» la denuncia que López Madrid interpuso contra la doctora Pinto el 17 de marzo de 2014.
Ocho años de instrucción y no parece tener visos de cerrarse.
En esta denuncia, posterior a la interpuesta por la doctora Pinto –de 30 de diciembre de 2013–, acusaba a la médico de un presunto delito de acoso contra su persona. La magistrada no da visos de hacer nada.
Por otra parte, en el juicio que se está celebrando contra el excomisario en la Audiencia Nacional por las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ de la macrocausa «Tándem», el inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga, el hombre que inició las investigaciones sobre las actividades paralelas e ilegales de Villarejo, ratificó sus actividades empresariales al margen de la Policía y al frente de su grupo de empresas.
A este respecto, destacó que CENYT, el grupo empresarial de Villarejo con el que desarrollaba estos encargos privados, se promocionaba abiertamente en una página web como «una unidad de Inteligencia con estrechas relaciones institucionales y operativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la administración de justicia».
En opinión de Fraga, ese era el «valor añadido» que vendía públicamente Villarejo: contactos con las fuerzas de seguridad que le darían acceso a datos de bases policiales, una información «fuera de mercado», porque obtenerla era ilegal, y que le permitía cobrar tarifas mucho más elevadas que las facturadas por otras empresas de investigación privada.
