Gonzalo Fraga, el inspector jefe de Asuntos Internos que comenzó a investigar a José Manuel Villarejo en la macrocausa ‘Tándem’, afirmó ayer que la conducta del comisario era «diametralmente opuesta» a la de un agente encubierto porque hasta se anunciaba en Internet.
Fue en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de esta macrocausa.
«No es que no sea un agente encubierto, es que la actuación que realiza es diametralmente opuesta a la de un agente encubierto, no tiene siquiera puntos en común», dijo Fraga, que declaró como testigo, en respuesta a las preguntas que el fiscal anticorrupción Miguel Serrano le realizó en esta nueva sesión por los supuestos trabajos de espionaje que Villarejo habría llevado a cabo en los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ para distintos clientes.
A este respecto, incidió en que CENYT, el grupo empresarial de Villarejo con el que desarrollaba estos encargos privados, se promocionaba abiertamente en una página web como «una unidad de Inteligencia con estrechas relaciones institucionales y operativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la administración de justicia».
En opinión de Fraga, ese era el «valor añadido» que vendía públicamente Villarejo: contactos con las fuerzas de seguridad que le darían acceso a datos de bases policiales, una información «fuera de mercado», porque obtenerla era ilegal, y que le permitía cobrar tarifas mucho más elevadas que las facturadas por otras empresas de investigación privada.
Además, el testigo explicó que los agentes encubiertos requieren un «control judicial» que Villarejo no tenía o que, al menos –matizó– no le consta que tuviera por la documentación a la que los investigadores han tenido acceso a lo largo de sus pesquisas.
«Lo que sí es cierto es que se le asignan identidades operativas», pero para labores de «captación de fuentes humanas», que consistían en el manejo de confidentes y colaboradores de la Policía Nacional, precisó a petición de la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo.
No obstante, quiso aclarar que en los archivos encontrados en los primeros registros de noviembre de 2017 donde se hace referencia a esas identidades falsas para obtener información de interés policial que usaba en los años 2013 y 2014 no hay mención alguna a ‘Iron’ y ‘Land’, a pesar de que se ejecutaron en esos mismos años.
«En el fondo eran encargos que asumía en el marco de sus actividades privadas, no tenía conexión con sus funciones públicas», subrayó.
EL INFORME DE COMPATIBILIDAD
Serrano le interrogó en concreto por el informe de compatibilidad elaborado en 2015 que determinó que Villarejo no necesitaba autorización para compaginar su función policial con CENYT porque concluía que dicho entramado societario era para gestionar su patrimonio familiar.
Fraga enfatizó que ese supuesto es en realidad una excepción legal que, a su entender, no era posible aplicar a Villarejo porque CENYT tenía un objeto social claro, que era de consultoría y análisis de Inteligencia, no de administración de bienes familiares.
Con todo, estimó que ese informe, que dice que se elaboró en 2015 en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de Eugenio Pino por el que era entonces su «jefe de Gabinete ‘ de facto'», el inspector José Ángel Fuentes Gago, fue un «mecanismo de reacción» porque ya empezaban a publicarse noticias sobre Villarejo.
El ahora comisario jubilado declaró en sesiones anteriores del juicio que creía que ese informe fue encargado directamente por el ministro de Interior de la época, Jorge Fernández Díaz.
Villarejo, que se enfrenta a 109 años de cárcel en este triple juicio, defiende que CENYT era una estructura conocida y autorizada por el Estado para que la usara como tapadera de sus trabajos como agente de Inteligencia para Policía y CNI.
Serrano recalcó en las primeras sesiones que, aunque así fuera, lo que es «intolerable» es que se lucrara con ello.
