Félix Sanz Roldán fue contundente. Sin fisuras. El hombre que dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante una década —de 2009 a 2019, a través de cuatro gobiernos de distinto color— declaró hoy como testigo ante la Audiencia Nacional lanzando una afirmación que no dejaba margen de interpretación: el CNI no tuvo actividad alguna en la Operación Kitchen. Ni por acción. Ni por omisión.
El juicio al presunto operativo parapolicial orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas tiene sus propias reglas de gravedad.
Cada testimonio pesa de una manera distinta. El de Sanz Roldán pesó como una piedra.
«El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita, aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones», declaró el exdirector ante el tribunal.
Y entonces vino la frase que cortó el aire en la sala: «Ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal. Y esto lo hubiera sido.»
Una afirmación. Una amenaza velada hacia quienes pudieran pensar lo contrario. Una puerta cerrada con llave.
Pero Sanz Roldán no fue solo a defender al CNI. Fue también a ajustar cuentas con José Manuel Villarejo, el comisario jubilado sentado en el mismo juicio como acusado.
En 2017, en una entrevista en el programa Salvados, Villarejo aseguró que el entonces director del espionaje español había amenazado de muerte a Corinna Larsen, la examante del rey emérito Juan Carlos I.
Sanz Roldán le denunció por calumnias.
Ese episodio volvió a salir a la luz en la sala. ¿Fue una decisión personal? ¿Un ajuste de cuentas entre dos hombres del poder en las sombras?
La respuesta del exdirector fue fría y precisa como un bisturí.
«Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad».
Ningún agente del CNI tiene cara pública. Ninguno puede comparecer ante un tribunal sin revelar su existencia. Sanz Roldán era la excepción: el único con nombre y apellidos visibles. El único que podía hablar.
«Creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo», añadió.
No era una venganza. Era, según él, una obligación.
«Sentí la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles sobre mis subordinados. Y lo único que tenía a mano para que así fuera era denunciarlo ante la justicia, solicitar de la justicia mi protección y, a través de mí, la de todos los miembros del CNI.»
Villarejo, desde el otro lado de la sala, escuchó en silencio.
El exdirector del CNI ha relatado que conocía al jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, acusado en este juicio, al que «siempre» recibía en su despacho y por asuntos relacionados con el trabajo.
«Fue algo oficial y que estará registrado», ha indicado, y ha añadido que Martín Blas no le comentó ningún operativo sobre Bárcenas.
Asimismo, ha señalado que «todo apuntaba» a una enemistad entre Villarejo y Martín Blas. «Solo había que leer los periódicos», ha explicado, aunque ha aclarado que no tenía «elementos en la mano de que esa era la realidad», por lo que no ha podido asegurar que fuera «la verdad absoluta».
LOS AUDIOS DE PÉREZ DOLSET
Posteriormente ha comparecido Javier Pérez Dolset, empresario investigado en el ‘caso Leire Díez’, que ha confirmado que entregó en 2022 un ‘pendrive’ en la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional con tres audios relacionados con la ‘Operación Kitchen’, que fueron finalmente incorporados a la causa.
Dolset ha explicado que accedió a esos documentos a través de un grupo de WhatsApp del que formaban parte, entre otros, el fiscal José Grinda, periodistas, miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional o dirigentes políticos, y que en ningún caso los manipuló. «Sólo los escuchamos y transcribimos», ha deslizado.
Ese espacio de WhatsApp era, según sus palabras, «la mayor fuente de filtración» de ‘Kitchen’ y la ‘Operación Tándem’, la macrocausa que investiga los negocios privados de Villarejo y en la que el propio Dolset figura como perjudicado.
Allí se comentaba el devenir del proceso de instrucción judicial del presunto espionaje orquestado para robar información al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha subrayado.
Dolset ha incidido en que, junto con la exmilitante socialista Leire Díez y la periodista Patricia López quiso denunciar que en ese chat «no sólo se filtraba documentación» de las causas «sino que se fijaban los objetivos» y «cuál era el significado de las causas y las piezas».
«Eran chats que tienen 25.000 mensajes y 5.000 audios», ha incidido.
«Descubro ese chat porque me lo cuenta Patricia López, que quería denunciarlo. Ella era muy amiga de Grinda y tiene una bronca monumental, dice que eso lo va a hacer público», ha agregado.
Sin embargo, López nunca pudo hacerlo; sufrió un ictus y, posteriormente, falleció a finales de 2025.
UN CIBERATAQUE
Pérez Dolset ha aseverado que «la operación para detener» al comisario Villarejo «parte de uno de los chats» que la periodista Patricia López tenía en común con miembros de la Guardia Civil en 2015.
El empresario ha relatado que contrató a 20 personas para desencriptar, filtrar y clasificar la información extraída de los chats y que, en una ocasión, recibió amenazas por parte de una persona que se presentó como agente de la Guardia Civil, después de que su equipo desencriptara un primer bloque de audios relacionados con ‘Tándem’.
Asimismo, Dolset ha acusado al fiscal Grinda de estar detrás de un ciberataque que su equipo sufrió mientras desencriptaba algunos de estos documentos.
«Descubrimos que el que había hecho ese ataque y se había introducido en nuestro ‘Drive’ era el fiscal Grinda», ha dicho.
Más tarde, el excoronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí ha negado que desde la UCO se intentara captar a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en el juicio por haber sido captado como confidente de la presunta trama para dar información sobre el extesorero y su entorno. «En absoluto», ha dicho, manifestando que Ríos «nunca fue objeto de investigación».
Por último, dos subordinados de Martín Blas en la Unidad de Asuntos Internos han señalado que no tuvieron «nunca» conocimiento de la existencia de un operativo policial relacionado con Bárcenas o su entorno.