Hay personajes que, en las grandes tramas, ocupan un lugar aparentemente menor y resultan, sin embargo, decisivos. Sergio Ríos es uno de ellos.
El que fuera chófer de Luis Bárcenas —extesorero del PP y vértice incómodo de la contabilidad opaca del partido— se sienta este miércoles en el banquillo de la Audiencia Nacional para declarar como acusado.
Lo hará en la décima semana de un juicio que escarba en uno de los episodios más turbios de la última década: el presunto espionaje parapolicial que el Ministerio del Interior, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, habría orquestado para arrebatar a Bárcenas información sensible y, con ella, frenar las pesquisas sobre la caja B del partido.
La tesis de la Fiscalía es nítida. Ríos no era solo quien manejaba el volante. Según el escrito de acusación, el comisario jubilado José Manuel Villarejo —también en el banquillo— lo habría captado como confidente para que informara «de forma exhaustiva» de cada movimiento, cada gesto, cada rutina de la familia Bárcenas.
Vigilar desde dentro. Espiar al jefe.
¿El precio de esa lealtad invertida? Anticorrupción lo cifra: 2.000 euros al mes con cargo a los fondos reservados de Interior —ese dinero opaco que durante años financió lo inconfesable—, hasta sumar presuntamente 54.000 euros.
Y, como guinda, una licencia de armas y una pistola.
La trama lo bautizó, no sin cierta ironía gastronómica, como «el cocinero». Para él, el Ministerio Público reclama 12 años de prisión y, además, la nulidad de su nombramiento como funcionario de Policía, plaza que —sostiene la acusación— obtuvo precisamente como recompensa por sus servicios.
El «chico para todo» de Bárcenas
Fue el propio Bárcenas quien, durante su declaración como testigo, dibujó el perfil. Ríos no era un mero conductor: era su «chico para todo».
Cobraba cheques, llevaba documentación de un lado a otro, resolvía. Trabajó para el extesorero entre febrero de 2013 y la primavera de 2014, y la relación se rompió —relató Bárcenas— cuando su esposa, Rosalía Iglesias, empezó a albergar «dudas» sobre el comportamiento del chófer.
Una intuición doméstica que, vista con la perspectiva del sumario, resultó certera.
El miércoles —único día de la semana en que se celebra vista— arrancará el interrogatorio de Ríos. Y se espera que tras él comparezca el comisario Andrés Gómez Gordo, otra pieza del tablero: Anticorrupción sostiene que el conductor también le trasladaba información.
Para Gómez Gordo, que además fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, la Fiscalía pide quince años de cárcel.
Los acusados
El elenco procesal es de primer nivel. En el banquillo se sientan el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino —todos ya han declarado—, para quienes Anticorrupción reclama 15 años de prisión.
La petición más alta, 19 años, recae sobre Villarejo. Para el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público se queda en 2 años y medio.
Ambos declararon la semana pasada con estrategias opuestas: el comisario jubilado defendió que ‘Kitchen’ fue una operación estrictamente legal destinada a localizar el dinero de Bárcenas en el extranjero; Martín Blas, en cambio, se desligó por completo, asegurando que no supo nada de la operación hasta que se vio imputado.
Completan el cuadro los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario José Luis Olivera, para quienes la propia Fiscalía pidió el archivo al no apreciar indicios suficientes; declararán la última semana de junio.
Y queda una silla vacía: la del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, cuyo caso archivó la Audiencia Nacional por «incapacidad mental sobrevenida» tras el ictus que sufrió en 2022.
