La doctora Elisa Pinto ha solicitado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid sean condenados a 6 años de prisión cada uno por un delito de cohecho.
También a una multa de 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años.
Para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 2 años de prisión como cómplice del delito, multa de 6 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 años.
Así se lo ha trasladado en el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Confilegal, al Juzgado Central de Instrucción 6 del que es titular Manuel García-Castellón.
El magistrado, a finales de julio, propuso juzgar a los tres por el presunto encargo de López Madrid a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto, con la que López Madrid, exconsejero de OHL, mantenía un conflicto.
El magistrado detalló entonces en su resolución las actuaciones atribuidas a Villarejo entre 2013 y 2014 que llevó a cabo en relación con la doctora Pinto para impedir que denunciase a López Madrid.
Entre ellas, el juez incluía seguimientos, así como la utilización de medios policiales con el fin de desacreditar a la doctora una vez que denunció al empresario.
En su escrito, con fecha del pasado 11 de septiembre, Pinto solicita la apertura de juicio oral para juzgar por un delito de cohecho activo a López Madrid y por un delito de cohecho pasivo a Villarejo.
López Madrid, según relata la doctora en el escrito, contrató a Villarejo en septiembre de 2013 para que le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con ella.
En ese momento el comisario desempeñaba sus funciones como adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Propone el interrogatorio de los tres acusados y de siete testigos
Pinto propone, entre otros medios de prueba, como medios de prueba el interrogatorio de los tres acusados, así como siete testigos, entre los que se encuentra.
La doctora considera relevante la testifical del presidente del Banco Société Générale, Donato González Sánchez, por ser la persona que presentó a López Madrid a Villarejo.
También la de Alejandro de Pedro Llorca por ser la persona a la que López Madrid, según indica Pinto en su escrito, le dijo que estaba pendiente de que un comisario solucionará su asunto.
Asimismo, la del comisario Enrique García Castaño porque, según explica, «en la pieza principal se ha acreditado su relación con el entorno CENYT, haciendo trabajos concretos por los que percibía gratificación/recompensa».
En el momento de los hechos, recuerda que era comisario jefe de la UCAO, con acceso policial autorizado a información sobre teléfonos y compañías telefónicas.
La doctora también propone que testifiquen los comisarios José Luis Conde Velázquez, Alberto Cabra y Andrés Gómez Gordo.
Sobre este último, considera que su declaración es «esencial» porque «fue designado directamente por el DAO de la policía don Eugenio Pino, para que realizara un informe que desacreditara las investigaciones que en la comisaría de Chamartín se estaban haciendo sobre el comisario Villarejo».
Otra causa por el apuñalamiento de Pinto
El conflicto entre Pinto y López Madrid ha supuesto también la apertura de otra causa en el juzgado de Instrucción 39 de Madrid.
Su titular, Belén Sánchez Hernández, tras finalizar la fase de instrucción, propuso en septiembre de 2020 que el empresario y el comisario jubilado sean juzgados por presuntos delitos de acoso y amenazas, en el caso del primero, y por lesiones con instrumento peligroso.
La doctora fue apuñalada en abril de 2014 por una persona, a la que posteriormente identificó con Villarejo, que le dijo: «López Madrid quiere que cierres la boca».
Por su parte, López Madrid interpuso en 2014 una denuncia contra la doctora por un presunto delito de amenazas y contra la integridad moral.
Siete años después el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid todavía no ha cerrado la investigación. El empresario ha pedido la apertura de juicio oral y la doctora Pinto el archivo de la causa.
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